No al uso de trabajadores como escudos

Editorial: El Comercio
Jueves 13 de Enero del 2011

Los controvertidos casos de las azucareras y de Doe Run tienen que ser evaluados como desviaciones de un régimen de mercado saludable y competitivo, que no podemos seguir permitiendo.

En un mercado de libre competencia, la supervivencia de una empresa está determinada por su capacidad de ofrecer a los consumidores un producto o servicio que colme sus expectativas. Y cuando una empresa es exitosa con una propuesta de valor, el mercado activa un círculo virtuoso que tiene una serie de impactos beneficiosos, como el generar trabajo decente.

Desafortunadamente, los mercados no siempre permiten la libre competencia ni las empresas son siempre exitosas. Un ejemplo es el mercado azucarero peruano, donde, a pesar de haber impuesto el Estado un régimen de protección patrimonial claramente discriminatorio y anticompetitivo, las empresas favorecidas siguen gestionándose de manera calamitosa.

En condiciones normales, cuando una compañía se gestiona mal, el mercado tiende a expectorarla, lo que es siempre trágico, pues implica que algunas personas se quedarán sin trabajo. Pero eso no le da derecho a ningún empresario a pedirle prebendas mercantilistas al Gobierno bajo la excusa –y amenaza de acciones más violentas– de que, de no recibirlas, sus trabajadores se quedarán sin trabajo.

Lamentablemente, es una mala costumbre de algunas empresas que victimizan a sus trabajadores para que el Gobierno interceda por ellas e impida que se vayan a la quiebra. Doe Run Perú lo quiso hacer antes y ahora pretenden hacerlo las azucareras, a las cuales no se les prorrogó la absurda protección patrimonial.

Tal amenaza es intolerable. Cuando una empresa grande quiebra y se pierden empleos, sin duda hay un costo social que todos quisiéramos evitar. Sin embargo, la forma en que el Gobierno debe enfrentarlo es asegurando que el mercado tenga el dinamismo económico suficiente para reincorporar a esas personas. Pero, en ningún caso ello debe implicar favorecer a algunas empresas que, por su mala gestión, no merecen seguir operando.

Aprendamos la lección de la última crisis financiera estadounidense: no instauremos regímenes legales que hagan que algunas empresas sean “muy grandes para quebrar” (‘too big to fail’), al punto de que el Estado tenga que salir a su rescate incluso cuando se manejen de manera inapropiada o inmoral.

Bloquean venta de azúcar a EE.UU.

Ejecutivo busca evitar desabastecimiento local de producto. Lote de 17 mil toneladas de Casa Grande se encuentra paralizado en puerto de Salaverry.

Eventual desabastecimiento haría subir precio de azúcar. (USI)
La semana pasada, el presidente Alan García pidió a sus ministros de Agricultura, Rafael Quevedo, y de Justicia, Rosario Fernández, que busquen una fórmula legal para impedir la exportación de azúcar de la empresa Casa Grande (del Grupo Gloria) a los Estados Unidos.

La preocupación del jefe de Estado era un eventual desabastecimiento del mercado local, tras la anunciada paralización por una semana de los ingenios de Pomalca y Tumán (manejados por el Grupo Oviedo) en protesta por la observación a la ley que amplía la protección patrimonial a las azucareras (que evitaba los embargos).

Fuentes del Ejecutivo informaron a Perú.21 que el viceministro de Agricultura, Luis Sánchez, había comunicado a Palacio de Gobierno que su despacho “no tiene competencia para detener el embarque y posterior exportación” de 17,874 toneladas de azúcar rubia a granel de Casa Grande hacia EE.UU. desde el puerto de Salaverry (La Libertad), ya que se trataba de una operación directa de dicha empresa sujeta a aranceles y no estaba comprendida dentro de la cuota anual de despachos de azúcar a territorio norteamericano (43 mil toneladas).

El funcionario agregó que la venta en cuestión “no afectará los niveles de inventario local, puesto que hay un abastecimiento normal en los mercados”.

Por su parte, el Ministerio de Justicia le respondió a García que “no existe norma que permita prohibir la exportación de azúcar, pues la Constitución ampara la libertad de empresa, comercio e industria. Tomar decisiones contrarias conllevaría a que la parte afectada (Casa Grande) inicie acciones judiciales contra el Estado, incluyendo el pago de indemnizaciones”.

BLOQUEAN DESPACHOS. Pese a estas opiniones, el Ministerio de Agricultura (Minag) publicó ayer un decreto supremo para bloquear los envíos del producto a Norteamérica.

Así, dicho portafolio dará permisos de exportación solo cuando existan excedentes de producción, es decir, cuando los volúmenes de fabricación local y de importación superen la demanda interna de azúcar. El dispositivo indica que la medida tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2011 y se toma porque el sector viene atravesando “problemas complejos”.

Aunque este decreto no alcanzaría al despacho de Casa Grande, ya que el lote no sería parte de la cuota anual hacia Estados Unidos, el Minag ha pedido a la Autoridad Nacional de Puertos y a Enapu (que manejan el puerto de Salaverry) que no autoricen la salida del producto “hasta que no se acredite que tal exportación no ocasionará desabastecimiento local” (PERU 21).

LA SEGUNDA REFORMA DE ESTADO EN EL SECTOR AGRARIO

En los 90s se inició la gran reforma del Estado, fue transversal y general a todos los sectores de la economía, hoy en día podemos beneficiarnos de sus resultados puesto que si bien en el corto plazo hubo impactos sociales, en el mediano y largo plazo se mejoró la competitividad del país. Reformas como la liberalización comercial, autonomía monetaria del BCR, sistema previsional - AFPs, privatizaciones y concesiones, autoridad tributaria - SUNAT, promoción de exportaciones y otras que sentaron las bases para el inicio de una gran etapa expansiva de la economía. Etapa de crecimiento que ahora se ha visto interrumpida por la crisis financiera mundial, la misma que nos ha hecho ver varios aspectos pendientes de mejorar en la estructura del Estado y que probablemente no hubiésemos notado en la magnitud debida si no se hubiera dado esta crisis.

En lo que respecta al agro la primera reforma liberalizó el mercado de tierras, implementó el Servicio Nacional de Sanidad Agraria y creó PROMPEX para ayudar a abrir mercados a nuestros productos. También se convirtió en sociedades anónimas abiertas a las cooperativas azucareras y se crearon las microfinancieras rurales. Esta primera reforma es la que permitió el auge de nuestras agroexportaciones y el ingreso de importantes capitales al sector azucarero.

Ahora hay preocupación acerca del rol y efectividad del Estado y de la necesidad de una nueva reforma. La segunda reforma que muchos reclaman pero hasta ahora pocos o casi nadie ha esquematizado en cuanto a sus alcances, mecanismos de implementación y en el caso específico de la agricultura no se ha realizado algún análisis importante.

Qué debería buscar esta nueva reforma en el sector agrario. A mi parecer la segunda reforma que requiere el sector es que se resuelvan los “Fallas del Mercado” para que a futuro exista la menor intervención estatal posible y que los mecanismos de ejecución no dependan del poder político de turno. El Ministerio de Agricultura debería tener una estructura pequeña que permita crear equipos de trabajo especializados y autónomos para ayudar a resolver las fallas del mercado de su sector sin la necesidad de estar creando organismos o entidades específicas para resolver cada una de ellas.

I. Fallas del Mercado y Competitividad
El mercado ha resuelto buena parte de la provisión de bienes y servicios en nuestro país. No obstante existen varios aspectos, actividades o situaciones donde el mercado no funciona y es que cuando los mercados funcionan bien se beneficia la sociedad en su conjunto, se alcanza la especialización de los agentes económicos y se dan las condiciones para hacernos competitivos. Donde falla el mercado se necesita que un Estado “fuerte” intervenga para ayudar a corregirlo.

Muchas veces nos referimos en modo general a la competitividad del agro peruano. Un análisis más desagregado indica que la competitividad es la capacidad de una unidad empresarial de estar en iguales condiciones que otras para buscar la rentabilidad y sostenibilidad de su negocio, es decir estar preparado y sin obstáculos para jugar de igual a igual el partido. Toca al Estado ayudarnos estar en iguales condiciones que otros países competidores para permitirnos lograr la ansiada ventaja competitiva a partir de nuestros factores productivos y recursos humanos. Pero no pretendamos pedir al Estado que nos haga competitivos si tenemos una pobre gerencia, sin estrategia y sin visión empresarial.

El Estado ayuda a la competitividad de las empresas a través de la provisión de servicios públicos, legislación y regulación apropiada, promoción de la actividad etc. No obstante corresponde a cada empresa utilizar sus recursos, factores de producción y aprovechar su entorno para lograr su competitividad. Puede darse el caso que una empresa no sea competitiva a pesar de tener la mejor infraestructura e instituciones públicas del mundo. Entonces queda claro que en última instancia la competitividad la determina cada empresa en su rubro.

El agro peruano debe tener condiciones apropiadas de mercado para todas sus actividades y de esta forma buscar que cada vez más empresas participen de los negocios en el sector y esto se logra resolviendo precisamente las fallas del mercado.

II. Interés Público del Sector Agrario
Sobre la agricultura se ha estudiado, escrito y legislado bastante. Se ha señalado muy bien su problemática y se han planteado mecanismos de solución. No obstante nuestro agro tradicional (90% del área cultivada) en su mayor parte no parece haber despegado o iniciado un proceso de desarrollo.

Cada año somos testigos de las demandas y protestas de los gremios agrarios. Demandas que siempre requieren un mayor nivel de apoyo gubernamental. Este sector se afecta en parte por políticas de proteccionismo y subsidios de otros países. Además tiene una naturaleza particular que lo pone en desventaja en relación con otros sectores, porque la mayoría de productos se cosechan sólo en algunos meses (oferta inelástica) y los fenómenos climáticos pueden afectar de manera importante la producción. Además la atomización y dispersión de las unidades productivas por todo el país hace que el agricultor de por sí tenga poco poder de mercado frente a los comercializadores; peor aun si consideramos que el área rural normalmente ostenta los niveles más bajos de formación técnica y profesional.

El rol del Estado en el agro ha sido y es bastante activo en casi todos los países. Estados Unidos, los miembros de la Comunidad Europea, Japón entre otros subsidian y protegen a su agro de manera importante y con dos fines principales: La seguridad alimentaría que busca tener fuentes fiables de alimentos en casos de crisis o guerras y como segundo fin se busca tener un sector rural con una clase media fortalecida, lo que en cierta medida da gobernabilidad y paz social a sus países.

El Perú es un país diversificado en cuanto a fuentes de alimentos, tenemos varias alternativas para suplir la harina importada; producimos en una dimensión importante papa, azúcar, arroz, maíz, leche y en el caso de los aceites cultivamos palma aceitera y en momentos de crisis podemos echar mano al pescado y sus derivados. En líneas generales no tendríamos grandes problemas para alimentarnos en periodos de desabastecimiento externo dado que nuestra población relativamente no es muy grande.

Desarrollar nuestro sector rural sí es una tarea pendiente y probablemente el mayor reto que tiene el Estado en su rol de redistribución de riqueza. En ese sentido el desarrollo del agro juega un papel importante y bien merece la pena destinar recursos públicos a la promoción y desarrollo de este sector priorizándolo sobre otros sectores. Sin embargo teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales de nuestro país debemos orientar esta participación estatal en los términos más efectivos buscando la eficiencia en el gasto y la eficacia en el logro de resultados. Este esfuerzo debe estar muy bien dirigido y orientado a sentar las bases para que en el mediano plazo el agro sea desarrollado por su propia inercia y mejor aun si en ella participa una gran masa de medianos agricultores articulados en forma armoniosa con los grandes capitales.

Debemos plantear un horizonte de 10 años para una fuerte intervención estatal en el agro y de allí buscar que el sector privado por sí sólo sea el que busque y explote las oportunidades en el sector. Pero cómo se consigue que el sector privado se desarrolle sin mayor intervención estatal. La solución pasa por hacer que los mercados de productos y servicios agrarios funcionen apropiadamente. Que haya libre competencia o una regulación eficiente y además una oferta y demanda que pueda llegar a su punto de equilibrio óptimo.

Cuando los mercados funcionan bien nos hay abuso ni de compradores, ni de vendedores, ambos maximizan sus beneficios y no hay pérdidas de eficiencia. Por ejemplo mucho bien le haría a un agricultor de maíz de San Martín tener varios compradores dispuestos y ávidos a comprarle su producción y que estos compradores pudiesen consolidar y vender la producción en otras regiones, exportarlas vía un moderno puerto en Yurimaguas o simplemente almacenarla en lugares apropiados en operaciones de warranteo o emitir certificados de deposito para participar de los mercados de productos a futuro.

Mientras más mercados desarrollados y especializados coexistan, habrá más libre competencia y esto beneficia al agricultor. El funcionamiento de los mercados agrarios estará fortalecido con el buen funcionamiento de los mercados financieros, el mercado de seguros, los mercados de futuros y el mercado de servicios de almacenamiento. Para esto debe existir apropiada infraestructura de comunicaciones y transporte.

III. Fallas del Mercado en el Sector Agrario

Falla 1: Mercados incompletos
En un mercado que funcione bien, el precio además de jugar un rol de referencia del valor, juega un papel de racionador. Es decir el precio discrimina quién compra y quién vende, así va racionando la provisión de bienes y servicios. Ahora pensemos en el mercado de créditos agrarios. Existe una gran demanda por créditos y una oferta limitada de créditos. Nunca existirá un equilibrio en este mercado dado que los ofertantes muchas veces no están dispuestos a dar un crédito así se pague una súper tasa de interés dado que presume que el financiado no pagará la deuda.

Pero lo más dañino para el mercado de créditos agrarios es que muchos agricultores que podrían cumplir las condiciones de elegibilidad para un crédito no lo demandan porque el trámite les parece engorroso, consideran que las tasas son muy altas, creen que no son sujetos de crédito o temen poner en garantía sus tierras. A estos agricultores se les conoce como los autorracionados, no demandan el crédito y por lo tanto dejan incompleto el mercado.

El agro está expuesto a catástrofes climáticas como las heladas, sequías e inundaciones o abruptas caídas de precios en los mercados, esto genera cierto miedo a los agricultores y con toda razón porque hay posibilidades de perder sus tierras si las dejan en garantía. Por lo tanto es importante establecer un seguro contra riesgos climáticos y otro para riesgos del mercado.

El mercado de seguros en el agro también es un mercado incompleto. Las aseguradoras tienen dificultades al tener poca o nula información sobre siniestros de las cosechas, tienen temores sobre el alto nivel de riesgo moral (acciones dolosas del asegurado para cobrar el seguro) la logística de supervisión y control pueden ser muy onerosas etc. Por esta razón es importante vincular el mercado de seguros al mercado financiero dado que este último tiene cierto grado de penetración en el agro. Si ambos mercados se interrelacionan, entonces los costos de transacción serán menores.

Qué pasaría si las aseguradoras ofrecieran el seguro por riesgos climáticos, probablemente quienes lo tomen serian los más propensos a estos fenómenos y las aseguradoras para estar cubiertos cobrarían una prima de seguro bastante elevada y nadie lo tomaría. Se configura un círculo vicioso que para romperse necesita de la intervención estatal. Es necesario implementar un seguro obligatorio contra fenómenos climáticos, un seguro que deba tomarse en la costa, en la sierra y en la selva; en todos lados para lograr diversificar y dispersar el riesgo. Pero cómo obligar a que lo tomen los agricultores si el sector es bastante informal, para hacerlo efectivo no se debe asegurar la producción, lo que se debe asegurarse es el crédito agrícola y aprovechar que los bancos están altamente formalizados y supervisados por la SBS.

Pero lo agricultores pensarán que este seguro obligatorio encarecerá el crédito. No es así puesto que al tenerlo las tasas de interés también se habrán ajustado hacia abajo. De otro lado el monitoreo e impacto del clima es un actividad objetiva y por lo tanto aquí no habrá espacio para el riesgo moral. No obstante para tener un desarrollo dinámico, se genere una cultura del seguro, para que se lleguen a ajustar los precios de las primas y las tasas de interés crediticias: éste seguro debe ser subsidiado por completo por el Estado en los primeros años y a nivel nacional para que exista un universo de dispersión del riesgo. Progresivamente se va haciendo un historial de siniestros para que las empresas de seguros vayan teniendo información y ajustando los precios de las pólizas. Probablemente en un inicio sea difícil identificar el precio de mercado de las pólizas de seguro por lo que tal vez sea necesario establecer un esquema o fondo de reaseguro.

Una vez realizada la experiencia del seguro contra factores climáticos, se podrá instrumentalizar una póliza que asegure el crédito agrario contra riesgos de mercado. La propuesta es que el seguro asuma el perjuicio excedente a una disminución de precios del orden del 30%. Es decir si el informe de precios (brindado por una entidad independiente y confiable) indica que el precio del producto involucrado en el crédito bajó en 40%, la aseguradora pagará a la entidad financiera 10% del valor de la producción. De esta forma no hay peligro de riesgo moral. De la misma forma es necesario en los primeros años un subsidio parcial de la póliza del seguro por parte del Estado.

Uniendo la protección de ambos seguros se optimiza la relación información – riesgo – mercado y en el mediano plazo el costo del seguro será asumido por la disminución en las tasas de interés. Pero lo más importante es que el agricultor podrá tomar un crédito con menos temor de dejar sus tierras en garantía, ello impedirá que haya autorracionados en el mercado del crédito agrícola y posibilitará un equilibrio óptimo de mercado. Esto fomentará que los buenos agricultores crezcan y vayan absorbiendo a los agricultores que no son eficientes. También las entidades financieras estarán más dispuestas a buscar nuevos clientes y bancarizar a los agricultores.

Falla 2: Mercados imperfectos
En algunos casos existen asimetrías en cuanto al poder de negociación entre ofertantes y demandantes. Estas asimetrías son dañinas cuando existe abuso de posición de dominio ya sea del comprador o del vendedor. Cuando el comprador o compradores tienen mucho poder (Monopsonio o Oligopsonio) o si el vendedor o vendedores tienen mucho poder (Monopolio u Oligopolio) puede existir, según sea el caso, perjuicio para vendedores o compradores. En ambas situaciones el mercado pierde eficiencia y muchas unidades productivas o consumidores pueden verse afectados y por lo tanto melladas sus capacidades competitivas.

Pero debemos tener cuidado en el análisis dado que no es suficiente que exista mucho poder o gran participación de mercado para argüir abuso de posición de dominio de algunas empresas. En efecto, en el agro peruano existen casos como la compra de leche, oferta de azúcar, oferta de aceite y oferta de carne de pollo donde se podría pensar que no existe una apropiada estructura de mercado; sin embargo en ninguno de estos casos hay abuso de posición de dominio sino modelos de negocios competitivos, tanto interna como externamente, que se han desarrollado en una estructura de mercados de competencia pura. Además es mejor que estas empresas sean más grandes, para que tengan una mejor economía de escala y beneficiar al consumidor.

En una economía como la peruana donde cada vez las importaciones están más liberalizadas y existen sustitutos para cada producto alimenticio, es difícil que se den situaciones de abuso de posición de dominio. Cuando sube el pollo, por ejemplo, las amas de casa buscan alternativas como el pescado o empiezan a comprar pollo congelado en lugar del recién sacrificado, la demanda por pollo baja y los precios vuelven a bajar. Claro que por algunos días los avicultores han vendido a mayores precios y han arrebatado algo de sus excedentes a los consumidores; pero por cortos periodos esta situación es deseable en el sector agrario dado que permite a las empresas mejorar sus rentabilidades. El hecho de que las empresas estén más sólidas y rentables ayuda a que inviertan y arriesguen más en el sector y por lo tanto se forma el círculo virtuoso que se necesita en nuestro agro pues requerimos del ciclo inversión – utilidad - reinversión.

Lo anterior es válido para los mercados agropecuarios en términos globales. No obstante en determinada localidad o región siempre es posible que exista abuso de posición de dominio dado que los costos de transacción pueden ser muy altos, por ejemplo si no hay apropiados caminos y carreteras, seguridad ciudadana o insuficiente población los productos que lleguen pueden venderse a precios exorbitantes o la producción local puede comprarse a precios ínfimos. Sin embargo estos temas son de orden estructural del país y no de estructura específica de un mercado y por lo tanto debe estar ajeno de la intervención del INDECOPI.

En resumen los problemas de mercados imperfectos en el agro en su mayoría se deberán a pobres condiciones de interconexión y esto se resuelve con más infraestructura de transporte y comunicaciones.

Falla 3: Bienes Públicos insuficientes
Desde el punto de vista económico existen bienes rivales (si al utilizarlo alguien otra persona no lo puede utilizar) y bienes excluibles (si se puede excluir a alguien de que los use). Ejemplo de bien rival es una bolsa de urea pues un agricultor lo utiliza y por lo tanto no puede utilizarlo otro agricultor. Un bien no rival será el puerto marítimo puesto que un exportador se sirve de sus instalaciones y también otro exportador lo puede hacer para embarcar sus productos. A la vez, la bolsa de urea es un bien excluible porque se puede decidir quién la utilizará al momento de entregarla. También el operador del puerto determina quién puede utilizar sus instalaciones bajo ciertas condiciones. Un bien no rival y no excluible es la energía solar puesto que todos nos beneficiamos de ella y no podemos, en términos prácticos, evitar que alguien más la aproveche.

Cuando un bien (producto o servicio) es no rival y no excluible en términos prácticos es un bien público y lo debe proveer el Estado; ya que como no se puede excluir que alguien lo use, no se puede cobrar por él. Entonces nunca será negocio para el sector privado. Como por ejemplo la Seguridad Nacional, la seguridad jurídica, la estabilidad macroeconómica etc.

Una carretera es un bien no rival y es excluible por medio del peaje, por lo que desde el punto de vista económico no debiera ser un bien público y por lo tanto es privado. No obstante es la mayoría de los casos y en nuestro país casi no es negocio que un privado haga completamente la carretera y recupere su inversión a través del peaje, dado que nunca ganará dinero. Entonces es necesario que el Estado subvencione parte o la totalidad de la inversión y su mantenimiento pero que sea construida, mantenida y administrada por el sector privado.

Un proyecto de irrigación como Chavimochic es un bien rival (el agua no es ilimitada) y además es excluible (las compuertas y medidores asignan las cuotas) por lo tanto es un bien privado. No obstante es muy difícil que la inversión sea asumida por una empresa privada dado que la maduración de estos proyectos es de muy largo plazo y no le seria rentable. El Estado lo debe hacer porque obtiene beneficios adicionales (ingresos no tangibles para un privado) como generación de trabajo para la población lo que incidirá en el consumo interno, además el Estado percibe ingresos tributarios de forma permanente. Por esta razón normalmente estos proyectos los ha hecho el Estado, sin embargo lo ideal seria que lo haga el sector privado en asociación con el Estado, para que el privado asuma la responsabilidad técnica desde un inicio y para que también aporte parte de los recursos en la inversión.

Ejemplos típicos de bienes privados en el agro son los insumos y servicios agrícolas. Toca al Estado dejar al sector privado que se encargue de brindar y administrar todos los bienes que sean no públicos y si los números no cuadran para que sea un negocio se debe participar de forma asociada (Alianza Público – Privada).

Falla 4: Externalidades Negativas
Existen muchas actividades que al realizarse generan daños colaterales al entorno, actividades que contaminan el ambiente, elevan la napa freática, sobreexplotan el acuífero, eliminan los controladores naturales biológicos, causan polinización cruzada no deseada etc. Corresponde como rol público el minimizar el efecto negativo de estas externalidades. Para esto el Estado norma, regula y controla pero mucho más efectivo seria tomar el planteamiento de “Couse” y darle derechos de propiedad a las externalidades negativas por ejemplo tal como se viene haciendo con el Mecanismo de Desarrollo Limpio donde los contaminadores pagan bajo el esquema de Bonos de Carbono a aquellas empresas o entidades que reducen sus emisiones, de manera que el que contamina paga un precio que el que resuelve esa contaminación esta dispuesto a aceptar. Todo esto bajo la plataforma electrónica del mercado de bonos que es parte del mercado financiero y por lo tanto tiene costos de transacción bastante bajos.

De la misma forma la nueva Ley de Aguas propone que los que emitan efluentes que contaminen cuerpos receptores (ríos, lagos etc.) deberán pagar una retribución por contaminar que estará en función del grado y dimensión de la contaminación que causen. Aún no se define la tarifa pero debería ser tal que se empiece a desarrollar un mercado de servicios de descontaminación para que empresas especializadas busquen a estos contaminadores potenciales y se encarguen de tratar sus efluentes buscando y generando negocios sostenibles a partir de esta actividad.

De la misma forma la nueva Autoridad de Aguas debería tener en cuenta en la determinación de las tarifas (ahora se cobrará por metro cúbico y bajo criterios sociales, ambientales y económicos) deben ser tales que desincentiven la ineficiencia en el uso de agua. Por ejemplo los primeros 12,000 m3 por hectárea/año deberían tener una tarifa social, pero por encima de ello la tarifa debería ser mucho más alta. De manera que se fomente el riego tecnificado y se evite el exceso de utilización de agua que afecta la napa freática de toda la zona productiva. Esta tarifa que se cobraría por encima de los primeros 12,000 m3 debe ser tal que incentive generar un mercado de servicios de drenaje y evacuación, utilización del exceso de agua e invertir en infraestructura de tuberías para llevarla presurizada a zonas eriazas aledañas.

Falla 5: Información y Coordinación Imperfecta
La información es muy importante y valiosa en la medida que nos ayude a tomar decisiones para el futuro. Esta información oportuna es costosa para un agricultor individual, es allí donde debe existir un mercado privado de servicios de información veraz y oportuna. Si este mercado no se desarrolla por sí solo es necesario que el Estado intervenga para subsidiar el servicio en un primer momento.

La coordinación también es importante, muchas veces es difícil que pequeños agricultores se asocien y coordinen para el desarrollo de cultivos en bloque. Es difícil porque no hay incentivos tangibles para ello. Es decir el incentivo para trabajar de manera coordinada debe ser tal que supere los resquemores de algunos agricultores a trabajar en equipo. En este sentido se ha avanzado algo con la dación del Decreto Legislativo 1077 y 1020; no obstante su implementación aún está en fase muy básica. Es importante darle énfasis al Fondo de Consolidación de la Propiedad. Dado que lo que se busca que es que el agricultor se capitalice, pero también debe crecer y que mejor si ese crecimiento se da comprando las tierras de sus vecinos menos eficientes.

Hasta aquí se han descrito las principales fallas de mercado del sector agrario, fallas que deben ser atendidas por el Estado para su solución porque indudablemente le será más rentable resolver estas fallas y dejar que a futuro el sector privado desarrolle el sector.

IV. Conclusión
Ponemos como premisa que el rol principal del Estado debe ser de gran árbitro y regulador de las actividades de la sociedad en su conjunto. Debe ser un Estado fuerte pero procurando que las actividades económicas sean realizadas por el sector privado y dedicarse fundamentalmente a redistribuir riqueza. No obstante es necesaria su intervención cuando existan fallas en el mercado y esta intervención debe procurarse que sea temporal y orientada a que a futuro los mercados se desarrollen sin mayor intervención estatal. Dicha intervención será más efectiva si en el proceso y de manera paralela se va redistribuyendo riqueza hacia los sectores menos desarrollados. También hay que precisar que no es necesario crear instituciones o entidades específicas para resolver las fallas de mercado, basta implementar equipos de trabajo multidisciplinarios para que propongan e implementen los mecanismos para dinamizar estos mercados.

Temas estructurales y otros aspectos relacionados hacen que los mercados agrarios tengan algunas “fallas”. La tarea de resolverlos empieza por desarrollar mayor y mejor infraestructura (carreteras, caminos, irrigaciones, almacenes, puertos, aeropuertos etc.) para posibilitar que los mercados funciones eficientemente. Sin embargo no debemos esperar a que no tengamos déficit de infraestructura para iniciar las labores de promoción, puesto que ya existe una infraestructura importante y que utilizando la locomotora de los mercados financieros podemos ir ocupando todos los espacios posibles para el desarrollo agrario.

El mercado que puede apoyar fuerte al agro es el mercado financiero. El mercado financiero opera casi en todo el Perú, tiene costos de transacción bajos puesto que está automatizado y además tiene altas capacidades para acceder al capital y los recursos humanos. De la misma forma que un cliente va al banco y le ofrecen además de cuentas de ahorros, chequeras, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, leasing, tasaciones, cambio de moneda etc. también le ofrecen seguros de vida, seguros de ahorro, seguros vehiculares, SOAT y pago de servicios. De la misma forma debemos incorporar los servicios relacionados al sector agrario al sector financiero para reducir costos de operación con una plataforma bastante fuerte.

Seria bastante efectivo encargarle al sector financiero ser la locomotora del agro, por eso se plantea el seguro al crédito agrario, esta complementación ayudaría al desarrollo de otros mercados relacionados como el de información agraria, venta de maquinaria y equipo, warrant y almacenamiento, factoring, mercado de futuros, asistencia técnica etc. De esta forma se habrá podido implementar la segunda ola de reformas en el agro.


Angel Manero Campos
amanero@agronegocios.pe
Lima, 11 de Noviembre del 2009

Estiman que alza de precios global no traerá inflación

BCR cree que economía puede absorber impacto internacional. Aseguran que se aplicarán medidas para mantener meta de 2.5% este año.

El BCR se mantendrá vigilante con la evolución de los precios. (USI)
Mejor preparados. El Banco Central de Reserva (BCR) consideró que en la economía local existen márgenes para absorber el alza internacional de precios (commodities) y, por ahora, se mantendrá el rango meta de 2.5% en la inflación de este año.

El gerente de estudios económicos del BCR, Adrián Armas, aclaró que la entidad se mantendrá vigilante con la evolución de los precios, sobre todo del trigo, maíz, aceite de soya y petróleo, para adoptar medidas posteriores.

Aseguró que eso no implicará el inicio de un ciclo de alzas consecutivas de la tasa de referencia. Cabe recordar que el jueves el ente monetario elevó la tasa de 3% a 3.25%.

FACTORES DE RIESGO. Armas explicó que el alza de precios de los commodities no afectó al Perú como a otros países como Brasil, Rusia, India y China porque los márgenes locales permiten absorber mayores costos. Es por ello que la inflación se mantuvo en el rango meta de 2.08% al cierre de 2010, aseguró.

El gerente de Estudios Económicos del BCR descartó que en el futuro el choque de precios actual sea de la magnitud de la crisis mundial de 2008. Refirió que las acciones de parte del banco se enfocarán en ajustes en los instrumentos de política monetaria que garanticen la ubicación de la inflación alrededor de 2.5% (este año) y 2.3% (en 2012).

A pesar del sustento, analistas financieros consideraron que se presentarían posibles presiones inflacionarias en el primer semestre por el tema de precios internacionales y factores estacionales climatológicos (lluvias) que afectan los precios.

SIN IMPACTO. De otro lado, el representante del ente emisor descartó que la mayor tasa de referencia impacte en el costo de los créditos hipotecarios. Anotó que cualquier efecto se observará principalmente en los préstamos de corto plazo.

En la primera exposición del programa monetario de 2011, Armas aseveró que el rubro más sensible es la tasa preferencial corporativa a 90 días, por lo que se esperaría que tenga un ajuste en el corto plazo (PERU 21).

"Uno más para el rezo"

Contaban los más antiguos en mi pueblo natal de Imperial (Cañete) que a inicios del siglo pasado, cuando álguien caía muy enfermo solía ser costumbre que los familiares y amigos se reunieran alrededor de la habitación del paciente para ayudar con sus rezos a su mejoría. Entonces cada vez que se escuchaba tocar la puerta había un grato indicio de saber que había uno más para el rezo con la fe que a más multitud se ayudaba mejor a conseguir la gracia celestial. Si el enfermo sanaba entonces todos se confortaban de haber ayudado en la gran tarea, pero si el paciente pasaba a mejor estancia, entonces simplemente se consolaban diciendo “fue la voluntad del señor”.

Recordaba esto porque en el campo vamos viendo a muchas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que desde hace algunos lustros vienen desarrollando programas de “fortalecimiento de capacidades” en los agricultores de las regiones más pobres, esto bajo la premisa que es necesario dotar al pequeño agricultor de conocimientos, habilidades y destrezas que le ayuden a mejorar su nivel de vida.

Sin embargo muchos agricultores que han sido beneficiados por varios años con estos programas continúan con baja productividad y baja calidad de su producción. Probablemente cada uno recibe, monetizado, USD 1000 dólares al año de intangibles (asistencia técnica, capacitación, pasantías etc.) pero ni siquiera cuentan con insumos preventivos para asegurar la sanidad del cultivo.

Desde hace muchos años se viene fomentando las capacidades, pero no se hace mucho por mejorar la capacidad de riego de las plantaciones o por ayudar a generar mecanismos de mercado que ayuden a los agricultores a financiar sus costos de producción. El Banco Agropecuario, por ser estatal, ligado a un solo subsector (pequeña y mediana agricultura) y con limitaciones de patrimonio no es una alternativa sostenible para ayudar al financiamiento del agro, reitero que mucho mejor seria convertirlo en un fondo de garantía para así potenciar los créditos de la banca privada en el agro.

“Hay que empezar por la concientización y capacidades del agricultor” parece haber sido la premisa válida en el diagnóstico de muchas instituciones, pero ahora se hace cada vez más necesario lo tangible: concentrar esfuerzos y llamar la atención de los presupuestos públicos al desarrollo de infraestructura de carreteras, caminos, canales de riego, seguros y fondos de garantía para el financiamiento.

Necesitamos mayores músculos para un agro competitivo, ya vamos muchos años con puro desarrollo de capacidades (que no deja de ser importante) pero debemos ser más incisivos en lo demás como potenciar el Programa de Compensaciones para la Competitividad (DL 1077) aumentando el presupuesto y con una mayor convocatoria. Caso contrario cada nuevo programa aislado de "fortalecimiento" será como cuando antiguamente llegaba “uno más para el rezo’.

Angel Manero Campos
Columnista
Agencia Agraria de Noticias

CRITICA OBSERVACIÓN A LEY DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Este viernes la Comisión Agraria realizaría una sesión extraordinaria para debatir el tema

Por Cristina Velásquez

Lima, 06 Enero (Agraria.pe) El presidente de la Comisión Agraria del Congreso, Aníbal Huerta cuestionó la observación por parte del Ejecutivo a la ley de protección patrimonial de las azucareras lambayecanas: Pomalca, Tumán y Cayaltí, la cual protege de embargos y medidas cautelares a dichas empresas por un año, suspendiéndose también la venta de acciones que posee el Estado (30% en Pomalca; 27% en Tumán y 23% en Cayaltí).

Según el congresista Huerta, desde el 2003 la ley se amplía sucesivamente cada año. “Entonces desde un inicio el Ejecutivo no hubiese aceptado y avalado una ley por tanto tiempo”.

Asimismo, el presidente de la Comisión Agraria, aseguró que durante el periodo de prórroga a las azucareras se ha vislumbrado un panorama de estabilidad laboral. “Estas empresas crecieron y se ha preservado las acciones del Estado, evitando que su valor nominal en el mercado disminuya”. Destaca.

“Además, por qué hasta ahora el Estado no ha exigido la venta de sus acciones en las azucareras a PROINVERSIÓN o quizá tienen otras intenciones”, cuestionó.

Cartas en el asunto

Huerta informó que este viernes (07) la Comisión Agraria realizaría una sesión extraordinaria para debatir el tema de la observación a la ley de protección patrimonial. “La Comisión puede adherirse a la observación y modificar la ley o en su defecto insistir en el proyecto original”, manifestó.

Por su parte, Fernando Cillóniz, presidente de la consultora inform@cción sostuvo que al ampliar la protección patrimonial a las azucareras Pomalca, Tumán y Cayaltí solo se extiende la deuda que estas empresas poseen y no se fomenta la cultura de pago en el país.

“Respaldo la decisión del Ejecutivo en observar la ley de protección patrimonial a las azucareras, pues considero que las normas son de carácter universal y deben aplicarse con el mismo rigor a todos, sin excepción”, señaló Cillóniz.

Según el presidente de la consultora inform@cción, el Grupo Oviedo debería hacer la mejor oferta para adquirir las acciones que el Estado posee en estas azucareras. “Pero en buena lid, sin protección patrimonial. También sería interesante que los propios trabajadores obtengan buena parte de las acciones”.

Cillóniz agregó: “sí el Grupo Gloria las adquiere, entonces INDECOPI debería supervisar que no se produzca un monopolio”.

De otro lado, Ángel Manero, gerente general del Consorcio Peruano del Agro S.A. (COPERAGRO) manifestó que esta ley definitivamente tenía que ser observada. “Con mayor razón sí se trata de azucareras carentes de un buen gobierno corporativo dentro de sus organizaciones, no presentan estados financieros auditados, no informan debidamente a PROINVERSION para iniciar el proceso de subasta de las acciones del Estado, etc.”, explicó.

Asimismo, añadió que son cerca de 8 años que estas empresas se han valido del beneficio que les otorgó el Congreso. “Considero que es un plazo suficiente para organizarse y reestructurarse, pues si continúan con problemas es porque no quieren ordenarse o son sumamente ineficientes”.

“Desde mi punto de vista esta ley de protección patrimonial a las azucareras tiene un objetivo, el cual es favorecer al Grupo Oviedo y eso es inconstitucional”, enfatizó Manero.

La industria del azúcar en el Perú

El gerente general de COPERAGRO indicó que en la actualidad el Perú tiene una productividad de azúcar extraordinaria. “Probablemente contamos con la industria azucarera más competitiva del mundo y es un negocio que se complementa bien con el tema de biocombustibles, es decir existe un gran potencial para lograr que estas empresas se diversifiquen al rubro energético”, subrayó.

“Sin embargo, se habla erroneamente sobre el latifundismo en el sector azucarero, cuando las áreas sembradas no superan las 100 mil Has y ello apenas representa el 4% del total del área bajo riego en el país. Entonces no se puede decir que existe una concentración de tierras”, puntualizó Manero.

Datos

- La deuda tributaria de las empresas azucareras con protección patrimonial asciende a S/.357 millones, según fuentes del Ejecutivo.

- Pomalca y Tumán (administradas por el grupo Oviedo) deben S/.103 millones y S/.235 millones, respectivamente. Cayaltí adeuda S/.18 millones.

García observa 'Ley Oviedo’ y dice que es discriminatoria

Señala que blindaje a las azucareras elevará sus deudas y beneficiará a pocos accionistas. Gobierno asegura que a través de Proinversión e Indecopi se impedirá monopolios en el sector.

Por inconstitucional, discriminatoria y porque solo beneficiará a un grupo de accionistas, el Ejecutivo observó la autógrafa de ley que amplía por un año más la protección patrimonial a las empresas azucareras, conocida también como la 'Ley Oviedo’.

De esta manera, la norma aprobada por el Congreso regresará a las comisiones de Economía y Agraria, a menos que la Junta de Portavoces decida que se discuta en la Comisión Permanente en los próximos días.

“El régimen de protección patrimonial es discriminatorio y perennizará el dominio de grupos con escasa participación en el capital social, mínima inversión y posición privilegiada para la comercialización del producto (azúcar), a través de empresas que son también de su propiedad. Es por tanto (la ley) inconstitucional”, señala la observación del Ejecutivo a la que tuvo acceso Perú.21.

Gracias a fallos judiciales, el Grupo Oviedo administra los ingenios de Pomalca y de Tumán, firmas que se han negado a entregar información a Proinversión para la venta de las acciones del Estado en esas compañías. La deuda de ambas azucareras superaría los S/.500 millones. La observación del Gobierno señala que el blindaje de estas empresas, que evita los embargos de sus acreedores, “beneficia a un grupo de accionistas que tiene la gestión, en desmedro de los acreedores, los trabajadores y del propio Estado”.

ETERNO MAL. El oficio enviado al Parlamento advierte que una extensión de la protección patrimonial incrementaría las deudas y retrasaría el cobro de las obligaciones laborales, sociales y tributarias.

El ministro de Economía, Ismael Benavides, reveló recientemente que la azucarera Tumán, en manos del clan Oviedo, había perdido el 25% de su valor en los siete años de vigencia del candado patrimonial.

Asimismo, la observación responde a las preocupaciones de algunos sectores sobre la posibilidad de un monopolio por parte del Grupo Gloria en el sector azucarero tras la venta de las acciones del Estado en dichos ingenios. “El Ejecutivo, a través de Proinversión y del Indecopi, impedirá que se beneficie en la subasta a grupos que tienen una posición dominante en la propiedad de la tierra destinada al cultivo de caña de azúcar”, aseguró.

EN SUS TRECE. En tanto, el congresista aprista Luis Falla Lamadrid, uno de los promotores de la 'Ley Oviedo’, consideró que el vocero de la bancada oficialista, Mauricio Mulder, deberá convocarlos para que se decida si el Apra toma una posición colegiada sobre el tema. “La Junta de Portavoces deberá definir mañana (hoy) si la observación se discute en la Comisión Permanente, ya que la protección patrimonial terminó el 31 de diciembre último y se producirá un clima de incertidumbre en estas empresas y en sus trabajadores”, argumentó.

Insistió en que la protección patrimonial debe ampliarse, por lo menos, en seis meses más (PERU 21).

Nutritiva y salvadora: cómo la quinua transforma la región más pobre de Bolivia

Mientras muchos aseguran que el cultivo de este grano permitirá el despegue económico del país altiplánico, unos pocos aseguran que no los está sacando de la pobreza, pero que sí están viviendo mejor

Martes 04 de enero de 2011 - 03:34 pm 10 comentarios
(Foto: AP)

Caracollo, Bolivia (AP). Pequeños copos de nieve se diluyen en los surcos recién abiertos de una tierra reseca y sedienta. Miguel Choque exhala el aire húmedo y frío, sonríe y dice que la nevada es señal de buen augurio para la siembra de quinua.

Antes de labrar la tierra, Choque y otros campesinos vecinos suyos en esta región del altiplano boliviano ofrendan a la Pachamama (Madre Tierra) y piden por un buen año para el cotizado grano. En siete meses los racimos en flor pintarán el paisaje agreste de amarillo, verde y rojo.

PRECIADA Y PEDIDA
La quinua no es un cereal. Es una semilla que se come como un grano, no tiene gluten y es más fácil de digerir que el maíz, el trigo, el centeno, el mijo y el sorgo. Este es el grano que ayudó a salvar del hambre a los incas y ahora está transformando una de las regiones más pobres de Bolivia desde que se popularizó en países ricos por sus excepcionales características nutritivas, que han llevado a la NASA a incluirlo en la dieta de los astronautas.

Su éxito ha hecho que, desde que aumentó su demanda en el año 2000, las ventas al por mayor se multipliquen por siete.

El arbusto de la quinua brota en el altiplano, una región árida y pobre a 3.700 metros de altitud, y es resistente a las heladas y sequías que periódicamente golpean a esa región.

Conocido como el grano de oro de los Andes, es el único alimento vegetal que provee diez aminoácidos esenciales para el ser humano. Tiene un alto contenido de proteínas (14-18%) y es buena fuente de fósforo, calcio, hierro y vitamina E, y puede inlcluso reemplazar la leche materna, dice la FAO.

“Si yo pudiera escoger una comida para sobrevivir toda mi vida, escogería la quinua”, escribió hace un tiempo el agrónomo estadounidense Duane Jhonson, de la Universidad de Colorado. “Es la comida más perfecta que hay para la dieta humana”.

DOS CARAS DE LA MONEDA
Los indígenas que cultivan al grano están entre los más pobres y hasta hace unas décadas muchos de ellos todavía convivían con el trueque. Desde que se puso de moda en países ricos, la quinua los introdujo en el mercado, recuerda Brígido Martinez, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI).

En 1983, el quintal costaba un equivalente a 3 dólares, mientras que hoy se cotiza a cien dólares, dice Martinez. El ‘boom’ comenzó cuando, en su primera visita a Bolivia a mediados de 1987, los reyes de España incluyeron al cereal en su dieta y la gente volcó su mirada a la quinua.

Irónicamente, en las zonas de cultivo aparecieron casos de desnutrición entre los niños debido a que “muchos productores han cambiado la quinua por el arroz y el fideo, que son más baratos”, dice Wálter Severo, presidente de los productores en Oruro al suroeste de Bolivia, una de las principales regiones productoras.

“Solo el 10% se queda en Bolivia, y el 90% va a la exportación. Eso debe cambiar”, sostiene la ministra de Desarrollo Rural, Nemecia Achacollo. “Es más fácil comprar Coca Cola que hacer un refresco de quinua”.

HARTO POTENCIAL
La variedad más cotizada es la quinua real, la que solo se produce en Bolivia en una región vecina a inmensos salares en el suroeste del país. La radiación solar que llega desde el mar blanco de sal y la tierra salitrosa hace que se produzca el cotizado grano que el gobierno boliviano busca patentar.

La quinua real tiene los mismos nutrientes que el resto pero contiene saponina, un compuesto que le da un sabor ligeramente amargo y es usado en cosméticos y detergentes. Por eso es más cara y su precio puede alcanzar a los 3.000 dólares la tonelada métrica.

Muchos bolivianos creen que la quinua puede transformar el empobrecido altiplano, así como sucedió con la soya, que llegó a ser el motor del despegue económico de la rica provincia de Santa Cruz en el oriente boliviano.

Sin embargo, Brígido Martínez no cree que el cereal vaya a incidir en el despegue económico del Altiplano. A diferencia del oriente, los campesinos altiplánicos disponen de poca tierra, 10 hectáreas como promedio. “La quinua no nos está sacando de la pobreza, pero vivimos mejor. El campesino tienen mejores ingresos y por eso mismo consume otras comidas, pero no ha dejado de consumir quinua”, dice.

Hasta hace poco, el cereal era ignorado por los mismos bolivianos por su sabor ligeramente amargo. Hoy es una artículo de lujo. Pasó antes con la carne de llama desde que se puso de moda por su colesterol bajo. Con frecuencia los cultivadores del cereal también diversifican su economía con la cría de llamas y alpacas de las que aprovechan su lana, carne y sus deshechos son usados como abono.

El gobierno del presidente Evo Morales incluyó al cereal como alimento “estratégico” para la seguridad alimentaria de Bolivia y está impulsando su consumo interno. El grano fue incorporado en un paquete de alimentos de subsidio a madres en gestación.

Cabe mencionar que Bolivia genera un 46% de la producción mundial; le siguen Perú con 30% y Estados Unidos con 10%, según un informe del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

EL PLAN PARA AUMENTAR LOS CULTIVOS
“La quinua es como el arroz del altiplano”, declaró Morales a fines de diciembre durante una visita a Venezuela. “Antes la gente no quería comer quinua, decía que era un alimento del indio y, como es del indio, no querían comer. Ahora el pueblo boliviano empieza a reaccionar”.

El mandatario anunció hace un tiempo un plan para el cereal. La meta es duplicar los cultivos hasta las 100.000 hectáreas, fortalecer la producción de quinua ecológica, industrializarla y fomentar el consumo interno, explica Vásquez.

Antagonismos internos entre productores y comercializadores impidieron avanzar más rápido, reconoce. Pero los productores ven con desconfianza los planes del gobierno que construyó varias plantas para almacenar y seleccionar el grano.

“Nosotros vemos como una competencia al gobierno; está bien su apoyo pero nos gustaría que ayude con riego y con investigación para mejorar la calidad de la semilla y el rendimiento de la tierra. Sin embargo, lo que hace es construir plantas de quinua”, argumenta Martínez (El Comercio).