Pago de deuda a los que no han demandado ni notificado al Estado prescribiría en mayo. Inversionista de EE.UU. pretende cobrar el 20% de la deuda total
Por: Gonzalo Galarza Cerf
Domingo 3 de Abril del 2011
El Comercio - PERU
En 39 días, la historia iniciada hace poco más de 41 años podría acabar para algunos (quizá para miles de personas). Y no precisamente con un final feliz. Si a eso le sumamos que de por sí la historia empezó a escribirse y a contarse con tintes y tonos de abuso en la dictadura de Juan Velasco Alvarado, el 24 de junio de 1969, la noticia toma la dimensión de tragedia mayor. Este 11 de mayo se cumplen 10 años desde que el Tribunal Constitucional dictaminara que los tenedores de bonos de la reforma agraria pueden demandar al Estado y exigir el cumplimiento del pago actualizado de la deuda a valor del mercado. Y los que no lo han hecho, corren el riesgo de que sus bonos prescriban y no vean nunca nada.
Esa es la señal de alerta que han emitido la Asociación de Agricultores Expropiados por la Reforma Agraria (Adaepra) y distintos abogados desde el despacho de la congresista Fabiola Morales hasta el estudio del doctor Mario Seoane. “Ahora el Gobierno nos puede decir que los bonos vencen el 11 de mayo y se acabó. Recomendamos a nuestros asociados a que hagan un juicio o notifiquen al Estado. Imagínese que por no iniciar eso se vaya al agua todo ese esfuerzo y la gente se quede sin posibilidad de cobrar sus bonos”, señala Ana María Sardón, de Adaepra.
Sus asociados llegan a 1.800 expropiados. Sin embargo, según la Comisión Agraria del Congreso de la República y la misma Adaepra, son 4.108 tenedores de bonos de la reforma agraria. ¿Estarán informados los 2.308 tenedores restantes? “Por precaución se debe notificar al Estado. No se puede confiar en la palabra del ministro Ismael Benavides. No llamaría la atención que esto sea una maniobra para ganar tiempo, pensando que el Estado va a pagar, y evitar que la gente haga valer su derecho”, alerta Rafael Trujillo, representante de un grupo de tenedores de bonos.
Otros, como el ingeniero Ramón Remolina (heredó de su esposa parte de la hacienda Pomalca), creen más en la palabra de Benavides: “Él es diferente a los otros ministros. Dijo en la televisión que va a pagar, que se va a presentar un proyecto. Pero quisiera que eso quede registrado en un documento oficial”. A estas alturas, algunos están esperando que se dé una ley antes de que acabe este gobierno y ordene el pago. Según Adaepra y el MEF, 20 casos fueron resueltos y ya están cobrando.
De prescribir los bonos, para el estudio Muñiz hay otra salida: si se reconoce la deuda por parte del deudor, se suspenden los plazos de prescripción. “Hay múltiples instancias en las que la deuda agraria ha sido reconocida, por lo que los bonos no prescribirían. Al final, en un caso específico es el juez quien puede declarar si un derecho ha prescrito o no”, dicen. Mejor estar protegidos y notificar a tiempo.
CAPITAL EXTRANJERO
El más preocupante de los demandantes para el Estado es, sin duda, el grupo de inversión estadounidense Gramercy. Según su abogado Mario Seoane, ellos adquirieron un paquete de bonos que ascendería al 20% de la deuda de la reforma agraria, estimada en 4.500 millones de dólares. Ello quiere decir que de ganar un eventual juicio recibirían US$900 millones. “Gramercy invitó al Gobierno a conciliar. No aceptó. Estamos muy atentos al anuncio del ministro de que se va a dar una norma en abril. Pero tenemos todo el camino listo para presentar la demanda”, dice Seoane. Esperarán hasta fin de mes y después entablarían el juicio al Estado.
“Ellos se venden como fondo de cobertura pero son fondos cuervo. Así se los llama. No me parecen profesionales sino personas a las que les falta la ética. Nadie los respeta en el mundo de las finanzas. Ya contrataron lobbistas de alto vuelo y buenos abogados. En EE.UU. tienen un estudio de abogados de lujo. El juicio se hará allá. La preguntas es: ¿El Estado estará en capacidad de enfrentarlos? Yo creo que sí. Estamos trabajando para eso, pero no les tenemos el menor aprecio”, afirma el economista Pablo Secada, asesor del MEF.
El abogado de Gramercy se defiende antes de iniciar la batalla legal: “Se ha comprado dentro de un mercado que el propio Estado ha propiciado”. Basta entrar a Google y escribir ‘compro bonos’ y comprobar ese otro mercado secundario que en el que existen tanto inversores extranjeros como peruanos, muchos de estos manejados por estudios de abogados.
Secada responde que no es un tema legal sino moral y afirma que el Estado debería hacer una autocrítica: “Debió decir: ‘Señores, no malvendan sus bonos, salvo que tengan una situación apremiante de liquidez. Si fuera una cosa transparente, en la que den liquidez por el bono y dijeran déjame ganar alguito, normal. Pero es gente que cree que no le van a pagar, a la que dicen que el MEF no está haciendo nada. Eso es mentira. El compromiso de esta administración es dejar el esquema listo y si el ministro entrante quiere pagar, empieza a hacerlo el 29 de julio. Además, está el tema de los fonavistas”.
En donde hay temor respecto del tema de Gramercy es en el despacho de la congresista Morales: “Se llevan este lío a EE.UU. y nos ganan en un ratito, por TLC tienes que soltar la plata, y ya no vuelve. Preferimos que se quede en el Perú. Además, pagando a los peruanos lo manejas: no pagas al contado sino en partes o no en efectivo (aranceles, impuestos, etc.)”.
Y lejos de esos poderosos inversores extranjeros se encuentran miles de familias como los Herrera, Lombardi y Cortavarría, que perdieron su hacienda en Huánuco y esperan que su juicio, iniciado hace más de dos años, llegue a un buen destino. Y que la historia, más allá del 11 de mayo, se corrija y tenga otro final.
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