Se supervisará conservación y aprovechamiento sostenible del agua en proyectos especiales de irrigación

Lima, oct. 29 (ANDINA).- El Poder Ejecutivo aprobó hoy el reglamento de Ley que regula el uso de agua en los Proyectos Especiales entregados en concesión, el cual es aplicable para nuevas obras de infraestructura hidráulica que se entreguen en concesión para fines de irrigación, así como para iniciativas privadas que busquen desarrollar proyectos de este tipo.

La norma señala que la reserva de agua otorgada no faculta al proyecto especial ni al concesionario al uso, aprovechamiento o explotación de los volúmenes de agua reservados.

La Autoridad Nacional de Agua (ANA) actualizará cada dos años la reserva de agua, descontando los volúmenes de los certificados nominativos (de uso), emitidos con cargo a la licencia de uso de agua.

La ANA estará impedida de otorgar derechos de uso de agua en las fuentes o zonas de influencia que afecten los fines de la reserva de agua.

Esto debido a que su función es supervisar que las captaciones de agua que el concesionario realice en las correspondientes fuentes de agua no perjudique los derechos de usos preexistentes legalmente otorgados.

Para ello, el Ministerio de Agricultura (Minag) efectuará el control y vigilancia de los bosques y forestas de las cuencas donde se localizan las fuentes de agua que abastecen al proyecto especial a fin de asegurar su conservación y aprovechamiento sostenible.

Según la norma, la licencia de uso de agua se efectivizará progresivamente una vez que se hayan puesto en servicio las nuevas obras y en función del proceso de emisión de los certificados nominativos.

Al término del plazo del contrato de concesión, incluyendo sus prórrogas, la licencia de uso de agua se transferirá automáticamente al nuevo concesionario sin mayor requisito que la presentación del nuevo contrato de concesión debidamente suscrito, o transitoriamente al proyecto especial, en tanto se seleccione al nuevo concesionario.

En cuanto al régimen económico por el uso del agua, el valor de la tarifa por la utilización de infraestructura hidráulica corresponderá al monto que haya propuesto el postor adjudicatario de la concesión, en el marco del concurso de selección respectivo.

Asimismo, el valor original de dicha tarifa quedará sujeto a los mecanismos de actualización o ajuste que se establezcan en el contrato de concesión.

Además podrá considerarse un valor adicional en la tarifa por la utilización de infraestructura hidráulica por concepto de recuperación de inversión pública empleada en la infraestructura respectiva, en cuyo caso este valor adicional no constituirá ingreso del concesionario.

En el caso del valor de la retribución económica, ésta se asumirá en el contrato de concesión con carácter variable, quedando sujeto a las modificaciones anuales que establezca la ANA, sin exceder del cinco por ciento de la tarifa por la utilización de infraestructura hidráulica.

(FIN) RBM/JPC




(AND261597) Fecha: 29/10/2009

Minag culminará en próximos meses conversaciones con aseguradoras para ampliar SAC al resto de regiones

Lima, oct. 26 (ANDINA).- El Ministerio de Agricultura (Minag) informó hoy que en los próximos meses prevé culminar las conversaciones con diversas compañías aseguradoras para acelerar la implementación del Seguro Agrario Catastrófico (SAC) en el resto de las 17 regiones cuyos agricultores aún no poseen un seguro para garantizar sus cultivos.

El ministro de Agricultura, Adolfo De Córdova, precisó que en la actualidad el SAC cubre los cultivos de los productores de siete regiones, principalmente alto andinas por un valor global de 220 millones 994 mil nuevos soles, y se proyecta extender el mismo sistema a todas la regiones del país para beneficiar a un mayor número de agricultores.

Indicó que a la fecha las regiones que cuentan con el SAC para la campaña agrícola 2009 - 2010 son Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco, Huánuco y Cajamarca, cuyas regiones tienen contratos con las aseguradoras La Positiva y Mapfre, y se espera que se sumen las otras compañías.

Por ejemplo, señaló que el Estado en cada una de las siete regiones ha asumido el ciento por ciento el valor de la prima por un costo de 39 millones 447 mil soles, que cubren una extensión de 490,067 hectáreas de cultivos.

En el caso de Huancavelica, Apurímac y Ayacucho se cubren todos los cultivos, y en Puno, Cusco, Huánuco y Cajamarca se alcanza al maíz y papa.

También informó que gracias al SAC el gobierno atiende de modo directo a 414 mil productores de las siete regiones.

El SAC se financia por un fondo creado por el Minag, por cada hectárea la prima varía entre 60 a 75 soles más impuestos, y la suma asegurada oscila entre 400 y 500 soles.

El mecanismo de contratación es por intermedio de los gobiernos regionales, lo que contratan con las empresas aseguradoras.

Luego de culminar una gira de trabajo por el Cusco acompañado del presidente Alan García, el ministro sostuvo que el SAC protege los cultivos de papa y maíz de 60,000 productores de esa región.

Dijo que el SAC es una de las principales acciones ejecutadas por el Minag para llegar a los agricultores de extrema pobreza rural y brindar garantías a sus cultivos ante la presencia de fenómenos naturales como heladas, inundaciones, incendios y plagas, entre otros.

Afirmó que el seguro ha garantizado en Cusco los cultivos por un valor de 26 millones 687 mil soles, cuando el valor de cuatro millones 763 mil soles es asumida por el Estado en un ciento por ciento a fin de atender a 66,719 hectáreas.

Finalmente, destacó la labor ejecutada a través del Programa de Mantenimiento de Infraestructura de Riego (PMIR) ya que sólo en la región Cusco fueron cubiertas 13 provincias a través de la habilitación de 2,891 kilómetros de canales, beneficiando a 95,141 familias de extrema pobreza rural.

“Solo en esta región se han invertido diez millones 864 mil soles, mientras en Anta (Cusco) se han desembolsado casi un millón de soles y generado más de 34,872 jornales”, indicó.

De Córdova visitó con el presidente García las obras del proyecto de irrigación Sambor Huaypo, cuya culminación el año entrante, favorecerá de modo directo a más de 25,000 personas de las zonas agrícolas de Huarocondo, Zurite y Anta.

(FIN) JPC/JPC




(AND261034) Fecha: 26/10/2009

Conasev ordena al grupo Bustamante vender sus acciones en Andahuasi

Deberá, también, pagar una multa de 720 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a dos millones 556 mil soles, por comprar una participación accionaria superior al 25% de la empresa azucarera.

PERU 21

La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) declaró infundada la apelación presentada por el grupo Bustamante a la sanción que le aplicó por comprar una participación superior al 25 por ciento del accionariado de la empresa azucarera Andahuasi sin haber cumplido con la obligación de lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

De esta manera, confirmó la multa de 720 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a dos millones 556 mil soles, así como la obligación de vender su participación accionaria en la empresa a través de una Oferta Pública de Venta (OPV), en un plazo máximo de dos meses. Asimismo, mantuvo la suspensión de los derechos políticos de sus acciones.

La disputa entre el grupo Wong y Bustamante por el control de Andahuasi puede devenir en actos de violencia, debido a que ambas partes no muestran signos de querer conciliar.

Industriales y Estado coordinarán estrategia frente a reducción de áreas cultivadas del algodón

Lima, oct. 22 (ANDINA).- La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) informó hoy que en los próximos 15 días los representantes de la cadena textil y los algodoneros se reunirán con el Ministerio de Agricultura (Minag) para coordinar estrategias que permitan afrontar la reducción de áreas cultivadas para la campaña 2009 - 2010.

El presidente del Comité Textil de la SNI, Enrique Falcone, indicó que se busca iniciar un trabajo coordinado y llegar a soluciones que permitan hacer viable este cultivo y se puedan recuperar los niveles históricos de cosecha.

“Hemos tenido una primera reunión muy satisfactoria con funcionarios del Minag y con representantes del Instituto Peruano del Algodón y se ha acordado que en dos semanas habrá un cónclave con todos los actores de la cadena dada la necesidad de actuar oportunamente”, señaló.

Precisó que según algunas proyecciones del sector, en la campaña 2009 - 2010 sólo se alcanzará un área cultivada de 25,000 toneladas métricas (TM) frente a las 77,000 TM de algodón fibra que se alcanzaron durante la campaña 2006 - 2007.

“La crisis del sector algodonero está repercutiendo en toda la cadena de valor, desde el agro hasta la comercialización como productos textiles y prendas de vestir y, por ello, tenemos que actuar conjuntamente”, puntualizó.

En ese sentido, detalló que en la primera reunión se plantearon medidas de corto y mediano plazo para enfrentar los graves niveles de informalidad en la comercialización de la fibra de algodón, así como para recuperar los niveles de producción alcanzados durante la campaña 2006 - 2007.

“Uno de los acuerdos fue que el Minag inicie gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que a partir del primero de enero del 2010 se realicen algunos cambios al sistema de detracciones del Impuesto General a las Ventas (IGV) en la comercialización de fibra de algodón y se incremente a 13 por ciento el monto de la detracción”, dijo.

Falcone comentó que la citada medida sería necesaria para disminuir el comercio informal de fibra de algodón que perjudica gravemente a toda la cadena de comercialización.

De otro lado, sostuvo que existe consenso en la necesidad de dotar de recursos a los agricultores, ya sea en dinero o en especies (como fertilizantes y/o semillas certificadas), en compensación por la reducción del arancel de nueve por ciento a la importación de fibra de algodón de Estados Unidos.

(FIN) RBM/JPC




(AND260455) Fecha: 22/10/2009

Todavía sigue penando...

Autor: Fritz Du Bois
PERU 21

La excelente columna de Fernando Berckemeyer que publicáramos ayer me llevó a reflexionar sobre cómo una de las mayores equivocaciones cometidas –la reforma agraria– continúa todavía sin ser corregida. Han pasado más de 40 años desde la promulgación del decreto ley que inició el proceso de expropiación de empresas y tierras. Sin embargo, el lastre que causó sigue pesando sobre el agro peruano como si fuera un alma en pena. De todos los desastres que heredamos de Velasco, ese es, posiblemente, el que más pobreza ha generado.

Así vemos cómo en Andahuasi las distorsiones creadas durante el periodo de El Terror, en el cual se aplicó un terrorismo de Estado de continuo saqueo y confiscación, siguen causando confusión, convirtiéndose en caldo de cultivo para todo tipo de malos manejos y conflictos. Situación que también han experimentado Cayaltí, Pucalá, Tumán, Cartavio, entre otros.

Sin embargo, pese a que hace 15 años se restituyó el derecho a la propiedad privada de la tierra en el agro, sucesivos gobiernos han sido muy timoratos en solucionar todos los problemas que la reforma agraria ha ido dejando. Por ejemplo, la propiedad de las empresas azucareras, las cuales eran las joyas de la corona del agro antes de Velasco, continúa siendo un paraíso para tinterillos y para la especulación.

Incluso, los directorios son elegidos a balazos y el Estado mantiene una participación en el accionariado que evidentemente no desea y que no ejerce, pero que tampoco vende. Con ello termina de cómplice de grupos que, junto a allegados en el Ejecutivo o en el Parlamento, tratan de controlar esas empresas sin pagar por ello.

Por otro lado, aún está pendiente la cancelación de los bonos agrarios, con lo cual un grupo de peruanos son los únicos acreedores de todos los que sufrieron durante la era del perro muerto –bancos, organismos, proveedores– a los cuales el Estado no ha pagado. Se ha probado un sinnúmero de fórmulas para cancelar la deuda pero, por algún extraño motivo, nunca se han concretado.

Creo que si queremos enterrar a Velasco, el Gobierno tiene que hacer lo correcto, fomentando mecanismos transparentes de mercado para vender las acciones que aún mantiene en el agro y beneficiar así a los trabajadores en el campo. También debe pagar de alguna forma lo adeudado a los expropiados. Capaz en ese momento el fantasma de la reforma agraria ya no seguirá penando.

Productores de etanol piden no posponer uso de gasohol

Se trata de gasolinas con contenido de etanol. Será obligatorio desde el próximo año.

El Comercio - PERU

Los productores de etanol agrupados en la Asociación de Productores de Energías Renovables (APER) solicitaron al Gobierno no posponer la exigencia del uso del gasohol (gasolinas con componente de 7,8% de etanol) a partir del 2010, debido a que es una medida que se ha dado con mucha anticipación. El presidente de esta asociación, Ángel Irazola, informó que las refinerías y grifos han tenido siete años, desde que en el 2003 se anunciara el plazo de distribución, para adecuarse a esta exigencia.

Destacó que el uso del etanol reducirá en 25% las emisiones actuales de monóxido de carbono. Asimismo, negó que el gasohol costaría S/.1 más que las gasolinas, tal como días atrás dijera el presidente de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios (Agesp), Antonio Verdi.

La Agesp pidió al Gobierno posponer la obligación de venta de gasohol, debido a que los grifos deberían adecuar sus instalaciones con nuevos tanques para vender el producto. Sin embargo, la APER señala que los griferos solo deben limpiar sus tanques.

LA CIFRA
S/.12,71
Costará el galón de gasolina de 95 octanos con gasohol, según APER. Actualmente, la gasolina de 95 vale S/.13.

Reducen tarifas en Paita y piden que se regulen todos los servicios en el puerto

Nuevo concesionario aseguró que bajarán costos que no estén regulados por el Estado

El Comercio - PERU

Los usuarios y el concesionario del puerto de Paita acordaron ayer trabajar juntos para revertir el aumento registrado en el costo de exportar a través de dicho terminal marítimo piurano.

TPE, empresa que administra el puerto desde el 7 de octubre, informó que desde hoy reducirá las tarifas que no estén reguladas por el Estado.

Cristian Calderón, representante pesquero en el consejo de usuarios de puertos, consideró un avance que TPE revise sus tarifas iniciales y aclare que hay empresas que están cobrando por servicios que ya no brindan. Agregó que el presidente del ente supervisor Ositrán, Juan Carlos Zevallos, se comprometió a vigilar y evaluar los servicios que se prestan en el puerto, pues con el esquema de un único operador no existiría libre competencia.

En Pro Inversión indicaron que el problema se solucionará a través de una autorregulación del mercado.

EL DATO
Contra los sobrecostos
Carlos Lozada, del gremio de transportadores de carga, afirmó que denunciarán públicamente a los que generen sobrecostos a la exportación.

Por ahora, concesión de Paita perjudica a usuarios

Nueva administradora portuaria cobra menos al exportador, pero han aparecido sobrecostos

EL COMERCIO - PERU

A pesar de ser el único sector que apoyó firmemente la concesión del puerto de Paita, el inicio de la administración privada del terminal ha significado para los exportadores mayores costos.

Por los servicios de transporte de sus productos, los exportadores pasaron de pagar US$375 por contenedor a desembolsar más de US$500, en promedio.

Carlos Merino, gerente general de la empresa concesionaria en Paita, Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), informó que en el nuevo esquema tarifario que han implementado los exportadores solo deben pagar unos US$292; pero reconoce que han aparecido sobrecostos.

“Algunos operadores portuarios están cobrando a los exportadores por servicios que ellos ya no prestan. Son más o menos US$100 en handling (manipulación de la carga), trasbordos y otros servicios que somos nosotros quienes los realizamos”, indicó Merino.

Además, “las navieras han impuesto un sobrecargo (de US$220) al que nosotros no le encontramos sustento”, continuó Carlos Vargas, director de TPE.

El representante de las navieras, Juan José Salmón, justificó su cobro en que la concesionaria les ha cargado unos US$160 más de lo que pagaban, cuando el puerto era de Enapu. No explicó por qué entonces cobran US$220 al exportador.

El tema ha interesado a la Comisión de Transportes del Congreso que solicitó a las autoridades del sector un informe.

Para solucionar el tema, Vargas señaló que están en negociaciones con las navieras para tratar de que eliminen el sobrecosto, no descartó que para ello TPE haga concesiones. “Esperamos tener resultados este mes”, manifestó. Mientras no haya acuerdo, los exportadores seguirán siendo los perjudicados.