Autor: Fritz Du Bois
PERU 21
La excelente columna de Fernando Berckemeyer que publicáramos ayer me llevó a reflexionar sobre cómo una de las mayores equivocaciones cometidas –la reforma agraria– continúa todavía sin ser corregida. Han pasado más de 40 años desde la promulgación del decreto ley que inició el proceso de expropiación de empresas y tierras. Sin embargo, el lastre que causó sigue pesando sobre el agro peruano como si fuera un alma en pena. De todos los desastres que heredamos de Velasco, ese es, posiblemente, el que más pobreza ha generado.
Así vemos cómo en Andahuasi las distorsiones creadas durante el periodo de El Terror, en el cual se aplicó un terrorismo de Estado de continuo saqueo y confiscación, siguen causando confusión, convirtiéndose en caldo de cultivo para todo tipo de malos manejos y conflictos. Situación que también han experimentado Cayaltí, Pucalá, Tumán, Cartavio, entre otros.
Sin embargo, pese a que hace 15 años se restituyó el derecho a la propiedad privada de la tierra en el agro, sucesivos gobiernos han sido muy timoratos en solucionar todos los problemas que la reforma agraria ha ido dejando. Por ejemplo, la propiedad de las empresas azucareras, las cuales eran las joyas de la corona del agro antes de Velasco, continúa siendo un paraíso para tinterillos y para la especulación.
Incluso, los directorios son elegidos a balazos y el Estado mantiene una participación en el accionariado que evidentemente no desea y que no ejerce, pero que tampoco vende. Con ello termina de cómplice de grupos que, junto a allegados en el Ejecutivo o en el Parlamento, tratan de controlar esas empresas sin pagar por ello.
Por otro lado, aún está pendiente la cancelación de los bonos agrarios, con lo cual un grupo de peruanos son los únicos acreedores de todos los que sufrieron durante la era del perro muerto –bancos, organismos, proveedores– a los cuales el Estado no ha pagado. Se ha probado un sinnúmero de fórmulas para cancelar la deuda pero, por algún extraño motivo, nunca se han concretado.
Creo que si queremos enterrar a Velasco, el Gobierno tiene que hacer lo correcto, fomentando mecanismos transparentes de mercado para vender las acciones que aún mantiene en el agro y beneficiar así a los trabajadores en el campo. También debe pagar de alguna forma lo adeudado a los expropiados. Capaz en ese momento el fantasma de la reforma agraria ya no seguirá penando.
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