Soluciones para el conflicto entre agua y minería

Editorial Diario Gestión

Las preocupaciones de Antonio Brack, ministro del Ambiente, sobre el riesgo del manejo ineficiente de los recursos naturales están comenzando a ser compartidas por algunos de sus colegas. Al menos, por Pedro Sánchez, ministro de Energía y Minas, quien acaba de anunciar que los nuevos proyectos mineros tendrán que generar su propia dotación de agua y dejar de utilizar los acuíferos (y las reservas) destinados para el consumo de las comunidades aledañas.

Esta propuesta podría convertirse en el primer paso hacia una verdadera política sobre el manejo del agua en la minería, que además tendría que extenderse a otros sectores que hacen un uso extensivo de este recurso, como la industria e incluso la agricultura, donde solo una pequeña porción de empresarios aplica técnicas de irrigación modernas. Una solución de este tipo era necesaria desde hace décadas, pero el gobierno haría mal en prolongar su puesta en práctica, principalmente porque los conflictos sociales en la minería no darán tregua.

De hecho, las protestas están surgiendo incluso cuando el conflicto ha sido resuelto. Es el caso del proyecto Tía María (Arequipa), pues pese a que la empresa que lo desarrollará ya comunicó que hará uso del agua del mar, para lo cual instalará una planta desalinizadora, la población continúa manifestándose violentamente porque cree que la minera extraerá agua del subsuelo. ¿Es que nadie les informó o es que no los convencieron? ¿Existen intereses ocultos que buscan traerse abajo el proyecto?

Sea cual fuere la respuesta, el gobierno no puede darse el lujo de poner la nueva norma en salmuera. No obstante, el desafío es mucho mayor, pues en paralelo tendrá que mejorar sus canales de comunicación directa con la población; una tarea que está pendiente desde hace mucho y que no está siendo tomada en serio.

Reiteramos que la actualización de la normativa del manejo del agua en la minería tiene que extenderse al resto de sectores. En adición, el Estado necesita una Autoridad Nacional del Agua que realmente ejerza su autoridad y que trabaje de la mano con los ministerios de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente. De lo contrario, cada proyecto minero se convertirá en un parto doloroso o en una frustración.