LO BUENO DEL ANTEPROYECTO DE CÓDIGO DE CONSUMO, PRESENTADO LA SEMANA PASADA, ES PRECISAMENTE QUE ES UN ANTEPROYECTO
Por: Julio Luque Ingeniero
El Comercio - Perú
Esta es una práctica positiva, que evita las sorpresas y permite generar consensos alrededor de políticas públicas. Tiene también aspectos buenos en relación con la protección de los derechos y de la libertad de elección de los ciudadanos: la no aplicación de cláusulas abusivas en los contratos, la prohibición de métodos abusivos de cobranza, la libertad de elección de la entidad financiera en la que se depositan sus remuneraciones, la protección en los contratos inmobiliarios y el efecto vinculante de la publicidad que prevalece incluso sobre el contenido de los contratos.
Lo malo del anteproyecto es que, en su afán de proteger a los consumidores, afecta los derechos y la libertad de los proveedores. Se obliga, por ejemplo, a las empresas a continuar prestando la cobertura de un seguro de salud, aunque el contratante no haya cumplido con pagarlo. Se prohíbe la selección de clientela sin que medien causas de seguridad del local u otras razones, lo cual en la práctica limita la posibilidad de que las empresas tengan mecanismos de atención diferenciada a sus clientes en función del valor, potencial o lealtad.
Llega al extremo de prohibir que se destaque como atributo de un alimento la presencia de un componente, si este no contiene al menos un 5% del mismo, limitando así el derecho de que una marca anuncie que está adecuadamente fortificada con vitaminas y minerales, para lo cual evidentemente no es necesario y hasta podría ser contraproducente llegar a los niveles mínimos sugeridos por el Código.
Lo feo del anteproyecto es la cláusula que establece que al menos el 40% de las multas serán entregadas a las Asociaciones de Consumidores que promovieron las denuncias que las originaron. Este es un incentivo perverso que promueve la proliferación de denuncias como mecanismo de financiamiento.
Estamos aún a tiempo de corregir lo malo y lo feo y felicitarnos por un código que protege a los consumidores sin afectar los derechos de los productores y comercializadores.
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