Azucareras: Un negocio que debe caminar solo

Editorial - El Comercio
Sábado 04 de diciembre de 2010 - 08:25 am
En cada proyecto de ley que se aprobó en el Congreso para extender la protección patrimonial a las azucareras (con el último serían siete), se mencionó la palabra “improrrogable”. Los hechos demuestran que la medida no ha funcionado y nada garantiza que eso ocurrirá durante el 2011.

Ninguna otra empresa en el país recibe un marco de protección similar al que beneficia a las azucareras: se evitan los embargos de los acreedores y los procesos concursales, e incluso el pagar impuestos al Estado. Esto lo convierte en discriminatorio.

Las empresas beneficiarias, Pomalca, Tumán y Cayaltí, tienen deudas al 30 de setiembre del 2009 que ascienden a S/.862 millones. Estas compañías le deben a los trabajadores, a las AFP, ONP, Sunat, Essalud, a los gobiernos locales y a otras empresas. Y se han comprometido a honrar estas deudas recién al 2037, como es el caso de Pomalca y Tumán, azucareras en manos de la administración judicial del grupo Oviedo, cercano a Palacio por cierto.

Curiosamente, el flujo de caja de estas empresas es muy interesante: el año pasado las ventas de Pomalca ascendieron a S/.107 millones, Tumán a S/.113 millones y Cayaltí a S/.22 millones.

Todo esto en un contexto en que el precio internacional del azúcar registra picos históricos: en noviembre alcanzó los US$788 dólares la tonelada, cuando en los últimos años no superaba los US$300. El mercado local, pese a ser casi autosuficiente, también ha registrado alzas en el precio. Por ello, el resto de empresas azucareras en manos de inversionistas privados camina bastante bien, con utilidades más que interesantes, lo que demuestra que el negocio en sí no requiere de ayudas estatales.

Tomando en cuenta lo que plantea el Congreso y la actual coyuntura de precios, lo que ocurre en la práctica es que se termina ayudando a los actuales administradores de estas azucareras a ganar más frente a las que no tienen protección patrimonial.

Así, los legisladores pretenden impedir la venta de las acciones del Estado en dichas azucareras “hasta que no se den las condiciones del mercado”. Lo real es que Pro Inversión tiene dificultades en valorizar las acciones para venderlas en el mercado bursátil, porque el grupo Oviedo no ha transparentado su información financiera actualizada. De manera indirecta, entonces, el Parlamento interfiere en los líos comerciales de privados, cuando esas acciones del Estado son ambicionadas principalmente por el grupo Oviedo –que se mantendrá a cargo de la administración judicial de Pomalca y Tumán el 2011– y otras empresas del sector.

En todo caso, los actuales congresistas son corresponsables de que no se haya pagado las deudas a los trabajadores y al propio Estado, al haber extendido los plazos sin exigir un plan de salida, lo que alargó el problema. Esperamos que, como lo adelantó el ministro de Economía y Finanzas, Ismael Benavides, el dictamen sea observado y se evite una nueva extensión del plazo. El Estado debe dejar que las empresas, sean del sector que fueren, aprendan a ganar y perder por sus propios medios.

Paralelamente, el Estado no puede seguir postergando sus obligaciones derivadas del desastroso e improvisado experimento de la dictadura socialista de Juan Velasco Alvarado, con el consecuente retraso agroexportador del país.