No a la eterna protección a las azucareras

Editorial - Diario Gestión

No deberían haber tratamientos discriminatorios en una economía que se precia de ser libre y de mercado, y menos si ello favorece no precisamente a los más necesitados, como parece ser el caso de la ley de protección patrimonial de las empresas azucareras en las que el Estado mantiene participación accionaria (32.88% de Pomalca, 7.22% de Tumán y 23.53% de Cayaltí) recientemente prorrogada por el Congreso y de la que también extiende el plazo para la venta de las acciones estatales (en ambos casos hasta el 31 de diciembre del 2011).

Aparte de ocasionar una pérdida de valor de las acciones de las mismas empresas azucareras, esta ley tiene efectos perversos como, por ejemplo, fomentar una competencia desleal en desmedro de otras empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias y pasivos oportunamente.

De otro lado, como ha dicho el propio presidente García, si la protección patrimonial es eterna, las empresas que gozan del beneficio se hunden más en deudas (a los trabajadores, a la Sunat, a Essalud). El mandatario ha anunciado que el estado evaluará si esta protección está beneficiando a algún grupo económico que con poca aportación de capital ya tiene el dominio administrativo, gracias a jueces y a recursos de amparo. Es decir, no ha descartado malos manejos en el marco de este beneficio.

Al parecer, el Ejecutivo observaría la prórroga aprobada y enviaría al Congreso un nuevo proyecto modificatorio. El problema es que las sucesivas prórrogas ya abarcan varios años y es tiempo de que el estado se retire totalmente de las empresas azucareras, como lo ha subrayado el ministro de Economía, Ismael Benavides, quien además afirmó que que la posición del Ejecutivo era observar esta norma e impedir la prórroga.

En realidad, esta será la segunda prueba de fuego para Benavides. La primera fue la defensa del presupuesto público del 2011, la cual perdió parcialmente ya que el presupuesto aprobado recoge parte importante de las propuestas de los congresistas apristas que sustituyeron partidas que no tenían financiamiento.

Si finalmente la ley de protección patrimonial de las empresas azucareras se prorroga, sea porque el congreso aprueba la norma por insistencia (con apoyo de la banca aprista) o porque el Ejecutivo envía alguna fórmula que implique ello, el MEF habrá perdido su segunda batalla.