El caos de las azucareras en Lambayeque

Editorial - Diario Gestión

La firmeza que el gobierno mostró y sigue mostrando en el caso Doe Run está enfrentando obstáculos más fuertes y profundos en el caso de las azucareras de Lambayeque (Pomalca, Tumán y Cayaltí) que por años se han mantenido protegidas de embargos y otras medidas de cobranza de sus cuantiosas deudas. El esquema utilizado por la minera de capitales estadounidenses está siendo replicado casi al calco por las azucareras: escudarse en sus trabajadores para ejercer presión sobre las autoridades.

Y el Ejecutivo está aparentemente solo en esta ocasión. Además de los grupos económicos que tienen el control de estas empresas y sus trabajadores, el Congreso y el Poder Judicial están jugando en contra. Fue precisamente en el Parlamento donde se aprobó prorrogar, por enésima vez, la protección patrimonial para esas tres empresas y aunque el presidente Alan García ha observado la autógrafa de la ley, algunos parlamentarios han anunciado que insistirán en su aprobación. En tanto, la justicia lambayecana suspendió la venta de las acciones que el Estado aún mantiene en Cayaltí y luego extendió la medida para las otras dos.

Lo cierto es que estas azucareras han estado protegidas por más de una década y, por ende, han operado con ventajas sobre el resto de empresas del sector y del mercado peruano en general, ya que han recibido un trato legal privilegiado. Si en un primer momento dicho esquema fue necesario, porque la industria azucarera se encontraba en crisis (mediados de la década de 1990), la situación actual es totalmente distinta.

Tras una década a la deriva, las azucareras lambayecanas también están mostrando una recuperación. Pomalca y Tumán han comenzado a generar utilidades netas desde el año pasado, aunque estos números estarían distorsionados porque ambas siguen sin honrar sus deudas, particularmente con el Estado (Sunat, Essalud y ONP), que paradójicamente las estuvo protegiendo.

Esperamos que el Ejecutivo no retroceda y el anuncio inicial del MEF para suspender los embargos no signifique un cambio de rumbo. Si la solución es reestructurar las deudas, se tiene que implementar respetando la normatividad vigente, es decir, mediante el proceso concursal que administra Indecopi.