Comisión Agraria aprueba proteger a las azucareras

Consideran que propuesta legislativa favorece al Grupo Oviedo



Por: Marienella Ortiz
Jueves 10 de Marzo del 2011
El Comercio - Perú

La falta de quórum en la Comisión de Economía hizo suponer por la mañana de ayer que el proyecto de ley para dar un nuevo marco de protección patrimonial a un grupo de azucareras recién se vería la próxima semana.

Sin embargo, en una jugada política el proyecto migró de inmediato a la Comisión Agraria, presidida por el congresista del Apra Aníbal Huerta. Pese a que el tema no estaba en agenda, por pedido del parlamentario Mario Alegría, también del Apra, se aprobó por mayoría sin mucho debate.

Los que empujaron el tema fueron los parlamentarios del Apra y del Partido Nacionalista Peruano, liderados por Jorge del Castillo y Daniel Abugattas, quienes estuvieron en la sesión de la Comisión Agraria. El argumento utilizado fue que resulta urgente darle una protección a un grupo de azucareras, para evitar embargos que pongan en peligro los miles de puestos de trabajo.

En cambio, el legislador de Alianza Parlamentaria Víctor Andrés García Belaunde llamó la atención sobre la rapidez con que se aprobó este proyecto presentado la semana pasada, y por la posibilidad de que se vea incluso hoy en el pleno.

Sobre estos hechos, comentó que los apristas y nacionalistas evaluaron que en la Comisión de Economía había muchos legisladores en contra de la propuesta, por lo que se retiraron y se fueron a la Comisión Agraria, donde encontrarían una votación favorable asegurada.

Para García Belaunde, está claro que el proyecto de ley tiene nombre propio, porque beneficiará al Grupo Oviedo, actual administrador de Pomalca y Tumán. “Estuve en la sesión de la Comisión Agraria para dejar en claro que el Grupo Oviedo obtuvo utilidades por S/.340 millones fuera de la empresa, gracias a la venta de las bolsas de azúcar en 40% por debajo del precio internacional, dinero que se fue a las comercializadoras que son de su propiedad”, sostuvo.

SUSPICACIAS
La propuesta aprobada ayer plantea medidas complementarias al Decreto de Urgencia 008-2011, norma que autoriza la transferencia de la participación del Estado a favor de los trabajadores y jubilados, como parte de las acreencias de las azucareras Pomalca, Tumán y Cayaltí. Esta propone que en el lapso de un año los administradores se sienten a negociar con los acreedores la modalidad de pago, bajo el impedimento de cualquier embargo judicial.

Alonso Morales, especialista en temas agrarios del Estudio Torres y Torres Lara, consideró que la propuesta se prestaba a suspicacias. En especial, comentó que el proyecto plantea que los trabajadores no vendan sus acciones, dadas por el Estado, en un plazo de 24 meses. “El trabajador más que nadie conoce sus necesidades, como el tener a un hijo con cáncer o tener que mandarlo a la universidad. Puede dársele recomendaciones, pero no obligarlo. La suspicacia es que se busca dar dos años de tiempo a al alguien para que haga caja, mientras se impide que entre un tercero a la empresa”, sostuvo.