Rechazan tope a la propiedad agrícola

Gremios empresariales cuestionan la iniciativa del Congreso y aseguran que es una nueva reforma agraria.

Busca votos. Jorge del Castillo quiere, ahora, ganarse el apoyo de los agricultores. (USI)

Jorge del Castillo, el legislador aprista que durante su época como presidente del Consejo de Ministros –hace tan solo año y medio– era un infranqueable defensor de la propiedad privada, se enfrenta hoy a la Confederación Nacional de Empresas Institucionales Privadas (Confiep) al promover el proyecto de ley que plantea un límite máximo de 40 mil hectáreas a la tenencia de la tierra agrícola en la costa.

“Me sorprende que esa central empresarial se oponga a que el mercado funcione correctamente en beneficio de los consumidores”, sostuvo el congresista al referirse al comunicado que la Confiep, junto a la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y a la Cámara de Comercio de Lima (CCL), publicó ayer en diferentes medios locales rechazando la citada iniciativa.

¿NUEVA REFORMA AGRARIA? De acuerdo con dichos gremios empresariales, “los conceptos en los que se fundamenta la propuesta legislativa –que tiene hasta tres versiones: una del Apra y dos de la bancada nacionalista– son similares a los que justificaron la Reforma Agraria ejecutada durante la dictadura del general Velasco en 1969”.

Del Castillo descartó tal situación y argumentó que lo que se busca es evitar el monopolio, es decir, la concentración de tierras en un solo grupo empresarial en desmedro de los pequeños agricultores, aseguró.

Para Ricardo Briceño, presidente de la Confiep, el camino adecuado para contrarrestar una práctica de abuso de posición de dominio por parte de una empresa no se halla en esta iniciativa.

“Se debe reforzar la labor de los reguladores para que cumplan con este objetivo. En lugar de sacar una ley que limita la propiedad, hay que acelerar el nombramiento de los directores que faltan en esas entidades”, refirió.

Al respecto, el parlamentario de la bancada de Unidad Nacional Luis Galarreta recordó que la tarea de evitar posibles prácticas monopólicas es función de Indecopi. “La ley no solo es innecesaria, sino que, además, es inconstitucional”, anotó.

Sin embargo, al contar con el respaldo de las bancadas aprista y nacionalista –que suman cerca de 60 votos–, la ley podría ser aprobada, advirtió Galarreta. Cabe recordar que la ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Aráoz, se ha mostrado en contra de la iniciativa. La funcionaria manifestó que la solución pasa por ampliar las facultades del Indecopi.

El Grupo Oviedo, conglomerado empresarial que se beneficiaría con la norma, descartó alguna relación con sus promotores. “Eso es totalmente falso. Estamos al margen de todo esto. El Congreso será el que decida pues es quien legisla”, señaló Edwin Oviedo, administrador de Pomalca. (PERU 21)