Corrupción en el sector agrario

Uno de los compromisos del Dr. Yehude Simon al asumir el premierato fue la lucha contra la corrupción, comenzando por el saneamiento del personal. Sin embargo, el copamiento de plazas clave del sector agrario por individuos descalificados indica que tal peste sigue intacta. Aquí tres pruebas:

Reynaldo Trinidad Ardiles
Columnista - La Primera

El primer caso corresponde a la designación del peor director general de Planificación del Ministerio de Agricultura, abogado Erick Uriarte Lozada, como director general de Planeamiento y Presupuesto del portafolio “reestructurado”, sin que tenga formación alguna en estas especialidades. Adicionalmente, se le ha encargado el mando de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos (ex Información Agraria), como confiar el manejo de un avión a un gasfitero. Aunque lo más grave es que Uriarte ha entregado el manejo real de la dependencia al ex funcionario Víctor Hugo Villar Agurto, cuyo procesamiento fue ordenado por el ministro Carlos Leyton el 9 de febrero, vía R.M. 0156-2009-AG, extrañamente aún no publicada. Villar Agurto y otros siete ex funcionarios de Información Agraria fueron hallados responsables de una serie de actos punibles en la ejecución de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Producción y Ventas, según el Informe No. 007-2007-2-0052 emitido por la Oficina de Control Institucional del ministerio y el Informe No. 009-2008-AG-CEPAD de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, que –curiosamente– preside el mismo abogado dobleteador. ¿No habrá en el país, el ministerio y el PAP especialistas idóneos para cubrir –por concurso público– los cargos regalados a Uriarte Lozada y Alfaro Agurto?

Otro despropósito ha sido la ratificación de la CPC Carmen Salardi Bramont como directora general de Administración del Ministerio de Agricultura. Fue destituida de Economía y Finanzas en el primer gobierno de Alan García y luego procesada en Educación, según un legajo proporcionado por los gremios laborales SITAMA y SUTSA. Sin embargo, el ex ministro Ismael Benavides la premió con el cargo actual, en el que ha cometido las siguientes improcedencias; 1) Liquidación arbitraria del Fondo-Centro Recreacional (de los trabajadores) del Sector Agrario y cambio de uso del local del mismo en La Molina, para reubicar allí al ministerio. 2) Entrega ilegal de dietas a los directivos del CAFAE-Agricultura, que ella misma presidía, por lo que fue obligada a restituirlas, y 3) Contratación de un sujeto destituido mediante R.M. No. 097-97-ITINCI/DM, por haberse coludido dolosamente con un proveedor de computadoras, como responsable de Servicios Generales de su oficina.

El tercer caso ha sido la designación del zootecnista no colegiado Wilder Trejo Cadillo como asesor del despacho ministerial. Cuando ejerció la presidencia del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos durante el toledato, no sólo no hizo investigar, denunciar y sancionar como debía los múltiples manejos dolosos de la ex administración fujimontesinista del abogado Alfonso Martínez Varga, sino que se involucró en una serie de irregularidades relacionadas con la exportación de alpacas, la compra-venta de vicuñas y la construcción ilegal de una oficina en un ambiente vetado por Defensa Civil. Y no sólo eso: apenas Trejo volvió al sector, el ministerio otorgó la Licencia de Uso de la Marca “Vicuña Perú” a la empresa Alturas y Mares del Perú S.R.L., propiedad de Martínez Vargas, nada menos, y al monopolio International Vicuña Consortium, íntimamente asociado a la primera. ¿Mera coincidencia?

Ante lo reseñado, el premier Simon y el ministro Leyton deberían recordar el viejo adagio romano: “La mujer del César no sólo debe ser honrada, sino también parecerlo”.