Solo desde el MINAG no se puede hacer mucho por la Agricultura Peruana

Dr. Carlos Pomareda Benel
cpomareda6@gmail.com

Ha sido tradicional crear expectativas sobre lo que un nuevo gobierno puede hacer por la agricultura. Más aun, esa expectativa se centra en el papel del Ministro de Agricultura y por ende el del Ministerio de Agricultura. La evidencia demuestra que las expectativas no se logran en forma plena por varias razones. Por ello hay que encontrar formas alternativas para que el Estado y no solo el Ministerio de Agricultura contribuyan mejor a la prosperidad de la agricultura y a la superación de la pobreza rural.

Cuatro factores deben ser puestos en relieve pues lo ocurrido con ellos en el marco de los cambios en la estructura política, económica y social del país así lo requieren.

La organización política del país en Regiones y Gobiernos Regionales creó nuevos espacios en los que es fundamental desarrollar la agricultura con identidad propia, más aun cuando en la mayor parte de las regiones la agricultura y las agroindustrias primarias representan entre el 30 y el 60 por ciento de dichas economías. A ello se suman las regalías generadas en varias de dichas regiones por la minería, lo cual implica una importante cantidad de recursos que ahora no se aprovechan para fomentar el agro y el desarrollo de negocios concurrentes que contribuirían a generar oportunidades para muchas personas. Tener la capacidad en las instituciones regionales para fomentar el agro con una visión renovada es indispensable.

Sin restar importancia a las políticas e instituciones del sector agrario, es creciente la influencia que tienen otras políticas en las decisiones de todos los actores privados en la agricultura (desde el campesino más pobre y conservador hasta la empresa más grande y agresiva). Estas políticas son las macroeconómicas, incluyendo el mantenimiento de la estabilidad cambiaria, las medidas tributarias, el control de la inflación, el gasto público, etc. las políticas comerciales, la de infraestructura rural, las de seguridad (requisito para la inversión privada) y una de las más importantes, la de educación, entre otras. La concurrencia de estas medidas con los objetivos de desarrollo del agro y de las economías rurales es impostergable.

La agricultura cambió y se hizo más dependiente de procesos de transformación de los productos. Ya no es factible la separación de la agricultura primaria y de las agroindustrias y las industrias de alimentos. Todas forman parte de un conglomerado agroindustrial y agroalimentario, sin embargo persisten altos costos de transacción y severas fallas en los mercados agroalimentarios. Los cultivos, las especies pecuarias y acuícolas y las agro industrias relacionadas tienen peso relativo diferenciado en cada región, pero en todos los casos deben ser valoradas integralmente y promovidas en forma articulada. Para ello son necesarias las políticas de información de mercados, desarrollo de la industria rural, la inocuidad de los alimentos, la creación de las identidades geográficas y de las denominaciones de origen, así como el control de la calidad de los insumos y fertilizantes, las cuales recaen en otros ministerios y no solo en el MINAG.

Y finalmente, pero de extrema importancia, la organización de los actores privados en el agro en todas sus escalas, regiones, valles y etapas del sistema agroalimentario, cambió. Ahora tenemos varias asociaciones de productores para varios rubros-cadenas, unas a nivel regional y otras nacionales, asociaciones de regantes a nivel de valles, más cooperativas, y desde luego los varios cientos de comunidades campesinas. No todas las organizaciones tienen hoy la capacidad necesaria para ofrecer más y mejores servicios a los asociados, pero muchas si lo han logrado, unas con apoyo del Estado y otras por su cuenta. Su oferta de servicios y su capacidad de gestión pueden mejorarse mucho para ser un aliado creciente de un Estado genuinamente comprometido con el agro. Y especialmente un Estado que reconozca que el agro puede ser más próspero si sus propios actores hacen por si mismos a partir de su convicción y capacidad.

El corolario de esta reflexión es que la tarea no se puede ejercer solo desde el Ministerio de Agricultura y sus instituciones descentralizadas, el INIA, el SENASA y otras. En el contexto de lo expuesto, el Ministro de Agricultura tiene por lo menos tres grandes desafíos:

Lograr que las autoridades responsables de las otras políticas que tanta influencia tienen en el agro se tomen el tiempo para entender la alta relevancia de considerar las particularidades del agro y del medio rural. Ello tiene implicaciones para la definición de las políticas y para la asignación de los recursos del Estado.

Lograr que la descentralización del sector público agrario y el empoderamiento de lo agrario en las regiones sea acelerado y sustantivo. La base de la agricultura está en las regiones, no en Lima. Esto requiere un esfuerzo muy serio de crear capacidad pro-agro y pro-rural a nivel del Estado en los Gobiernos Regionales.

Apoyar el desarrollo de capacidades en todas las organizaciones del sector privado antes referidas, para que puedan generar recursos y ofertar más y mejores servicios a los asociados. Y que en mérito a ello el Estado les transfiera recursos complementarios bajo la responsabilidad estricta de su asignación para aquellos servicios que mejoran las capacidades de los más necesitados.

Todo esto desde luego requiere una forma diferente de organizar la gestión de la política pública para la prosperidad incluyente de la agricultura y la solución de la pobreza rural. Esto implica que el Ministro y el Ministerio de Agricultura se desprendan de aquella visión y carga tradicional de ser los responsables del agro. No lo son, no pueden serlo sin el apoyo del resto del Estado. Pero especialmente requiere que el Presidente de la República les dé el respaldo para que la cartera de agricultura deje de ser la más magra en recursos y la que tiene que poner la cara por muchos problemas que en la práctica no puede resolver por sí sola.