Grupo Wong no habría acreditado pago por las acciones de Andahuasi

(EXPRESO). Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A no acreditó, de acuerdo a ley, que Río Pativilca haya pagado a Industrial Andahuasi S.A. por la supuesta compra de 49 millones de acciones de su propiedad, como lo exige el Reglamento de Agente de Intermediación.

Sobre el sonado caso Andahuasi, desde mayo de año 2009 se viene suscitando una serie de hechos o extrañas omisiones por parte de la entonces Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev), los mismos que, incluso, alcanzan a su fortalecido rol de Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Precisamente son estos hechos –que aquí intentaremos resumir– los que han motivado la intervención de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que preside Martín Belaunde.

Desde mayo de 2009 la actuación del ente rector, supervisor, controlador, árbitro, etc., del mercado de valores, autoridad con alcance nacional y flamante autonomía, resulta, por decir lo menos, inexcusable. Desde esa época existe una contienda en diversos ámbitos por la “toma” de Andahuasi de la que es parte protagónica el Grupo Wong.

Según documentación pública, de cuya existencia se da cuenta a través de la Resolución del Tribunal Administrativo de Conasev Nº 168-2009-EF/94, ‘colgada’ en la página web de la ahora SMV, se pone de manifiesto que Río Pativilca, el holding del Grupo Wong; no habría pagado la compra de las 49`422 573 de acciones emitidas por la Empresa Azucarera Andahuasi S.A.A.

Sí, es esa misma “compra” en base a la cual el Grupo Wong cimenta su derecho al desalojo de los trabajadores de dicha empresa, y que fue la perdición política de Omar Chehade.

Acta de inspección

En el acta de inspección de la ex Conasev a Scotia, del 10 de junio de 2009 –sobre el pedido de los inspectores de Conasev para que Scotia acredite el pago– puede leerse literalmente en el cuarto párrafo de la página 5: “A ello los funcionarios de Conasev le señalaron al funcionario de Scotia si aparte de dicho documento, Scotia ha verificado mediante algún comprobante de pago entregado a Industrial Andahuasi S.C. sobre la liquidación de la operación efectuada”.

La respuesta del funcionario de Scotia es reveladora: “Scotia no tiene la función de fiscalización de las cuentas bancarias de sus clientes ni ha realizado tal verificación”.

La aparente inexistencia de dicho pago no es cualquier cosa, son 52 millones de soles aproximadamente que, simplemente, no habrían entrado al patrimonio de la empresa vendedora y por tanto el Grupo Wong no sería dueño de nada.

Debe entenderse lo delicado y grave de la inexistencia de dicho pago, ya que incluso tiene connotaciones sociales porque se estaría despojando de su único patrimonio a los trabajadores de la empresa azucarera en disputa.

¿Y Cavali?

Sorprende esta respuesta del funcionario de Scotia y más aún que la ex Conasev la acepte, porque Scotia sabe que de acuerdo al reglamento interno de la Caja de Valores y Liquidaciones del Mercado de Valores (Cavali ICLV S.A.) –la entidad a través de la cual se perfeccionan la negociación de acciones en la Bolsa de Valores de Lima mediante el pago de las compras y la “entrega” de los valores vendidos– cuando una sociedad agente comunica a Cavali que la liquidación va a ser “directa” –es decir, no se va a hacer a través de los mecanismos de Cavali– no quiere decir que el comprador “directamente” le paga al vendedor y basta la sola declaración de este para dar por terminada la operación.

Esto no está permitido en las operaciones bursátiles, no solo expresamente sino que es inaceptable para la ex Conasev.

¿OPERACIÓN FICTICIA?

Insólitamente, para los maltratados representantes del Estado peruano es asunto terminado, pero para el mundillo bursátil es una tremenda sorpresa, pues desde el 28 de junio del año 2008, mediante el Decreto Legislativo 1061 –que modifica, entre otros, el artículo 12º de la Ley del Mercado de Valores–, si no se paga o, propiamente hablando, no se acredita el pago de una operación, se ha incurrido en una “operación ficticia”, una operación inexistente.

Para el caso, entre otros supuestos, dicho artículo 12º de la ley, definía y define la operación ficticia como aquella en la que no se produce la contraprestación en una transferencia de valores, es decir, si esta no se paga.

La interrogante se cae de madura: ¿entonces por qué Río Pativilca resulta titular de las 49 millones de acciones que le pertenecían y a todas luces aún le siguen perteneciendo a Industrial, que lo lleva incluso a exigir el desalojo de los trabajadores de las instalaciones? Por qué el draconiano ente rector, celoso guardián del mercado de valores, severo sancionador, la SMV, no le ha exigido nunca que muestre el pago efectivo a Industrial, ni le ha exigido a los representantes de Industrial que muestren el ingreso del dinero que debería haberles pagado Río Pativilca.

Tamaña contradicción de la SMV con su Reglamento de Sanciones, en cumplimiento del cual se debe imponer una sanción muy grave a quienes intervengan en una operación ficticia; compradores y sociedad agente de bolsa interviniente.

¿QUÉ HARÁ LA FISCALÍA?

Para que se evalúe en forma más objetiva los hechos que desencadenaron la reunión en Brujas de Cachiche, el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, debería ordenar a sus fiscales que pidan a la ex Conasev, hoy SMV, el acta de inspección a las oficinas de Scotia Bolsa del 10 de junio de 2009 a que se refiere el considerando 3 de la Resolución del Tribunal Administrativo de Conasev Nº 168-2009-EF/94, suscrita entre inspectores de Conasev y funcionarios de la indicada sociedad agente de bolsa.
Esto para que en la investigación se compruebe que de ninguna manera y bajo ninguna forma se acreditaría que Río Pativilca haya pagado a Industrial Andahuasi S.A. por la supuesta compra de 49 millones de acciones de su propiedad emitidas por Empresa Azucarera Andahuasi S.A.A.

Cabe recordar que hace poco José Antonio Peláez declaró sobre el caso Andahuasi que “no se ha citado al Grupo Wong porque el desalojo no se llevó a cabo”. Presumimos que lo que Peláez quiso decir es que no se ha citado al Grupo Wong porque la participación de su despacho está reservada para determinados funcionarios públicos, como el vicepresidente Chehade y que en el caso del referido grupo empresarial –de conformidad con el artículo 3º de la Ley 29574–, dispondrá que, oportunamente, los actuados pasen al fiscal provincial de turno para que determine la responsabilidad de los integrantes de este Grupo.

La sorpresa de la opinión pública resulta justificada, ya que desde hace un buen tiempo la comunidad jurídica viene sosteniendo que el acto ilícito en que habría incurrido Chehade tiene dos extremos igual de repudiables y penables: el funcionario público que realiza o intenta realizar el acto ilícito y quien lo “incentiva” a ello.
Incluso, los expertos reflexionan sobre la conveniencia de reprimir al “incentivador” con mayor celo, pues si no hay incentivador no hay incentivado.

De esta manera, si todo indica que el vicepresidente habría actuado en actos que supuestamente beneficiaban al Grupo Wong, ¿no sería razonable que también se investigue a quien presuntamente se iba a beneficiar? ¿Quién “incentivó” al vicepresidente, al extremo de importarle un bledo su carrera política y arrojar al tacho su prestigio de cruzado de la anticorrupción? ¿De qué magnitud habría sido, o iba a ser, el “incentivo”? Usted tiene la respuesta, doctor Peláez.

ACTITUD HACIA GRUPO WONG

Si a esto le sumamos el hecho de que los trabajadores han denunciando a quienes le vendieron las acciones a Río Pativilca porque no contaban con la autorización de la Junta General de Accionistas de Industrial y no contaban con poderes suficientes pare ello, incluso falsificando documentos, se explica la actitud de los trabajadores hacía el ingreso del Grupo Wong a la empresa.

En el colmo de la indebida actuación de un órgano de control, en el acta de la inspección de los funcionarios de Conasev del 10 de junio de 2009, un representante de Scotia Bolsa consta que una misma persona, que no tenía poder de Industrial ni de Río Pativilca, le dio las dos órdenes: la de compra y venta. Increíble.

¿Ha dicho algo al respecto el ente rector? No exactamente, porque no le ha exigido a Río Pativilca que acredite el pago en efectivo o a Industrial haber recibido el pago en efectivo, pero si ha dicho algunas otras cosas relacionadas con el tema.

En octubre del mismo año 2009 autorizó a Río Pativilca, sí, la que no habría pagado a Industrial, a comprar hasta el 100% de las acciones emitidas por Andahuasi. Así Río Pativilca resultaría el mayor accionista de Andahuasi y por tanto el controlador de Industrial y, completado el círculo, del pago efectivo a Industrial nunca más se hable.

Por si no bastara esto, hace poco, el 30 de julio de 2011, dos días antes de que se publique la ley que convierte a Conasev en SMV, autorizó al Grupo Wong para que el 28 de agosto último realice una Junta General de Accionistas para designar a un nuevo directorio y empezar a administrar a Andahuasi. ¿Sintomático y evidente paso previo para la “conversación” en el Brujas de Cachiche?