REESTRUCTURAR AL SECTOR PÚBLICO AGRARIO

Para asegurar la eficiencia y transparencia de sus servicios al campo, reintegrando al Ministerio de Agricultura, las direcciones regionales y las agencias agrarias, para que actúen como un solo hombre y con un norte común

Eco. Juan Escobar Guardia
Consultor en temas agrarios
Revista Agronoticias

Ante las apremiantes necesidades de los pequeños productores y las comunidades rurales del país, la primera reacción de quienes se preocupan por ellos y por el agro es exigir mayor presupuesto para el sector.

Es una reacción instintiva y sana, pero que desconoce el comportamiento de la gestión presupuestal en el sector público agrario en general y el Ministerio de Agricultura en particular. Veamos el caso con cifras oficiales.

Según los reportes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en torno a la ejecución del presupuesto para la Función Agropecuaria en los tres niveles de gobierno:

● En el año 2007 se gastó sólo el 63.7% del total.

● En el 2008, el 61.9%.

● En el 2009, el 61.4%.

● En el 2010, el 68.9%, y

● En el 2011, hasta el 25 último (octubre), sólo el 43.5%.

Esto significa que la planificación y la ejecución de actividades en el sector marchan pésimamente, igual bajo el liderazgo de ministros agrónomos, abogados y empresarios, muchos de cuales suelen presentarse como “exitosos”. El cuadro adjunto es muy elocuente al respecto.

Ésta es una situación grave y demuestra que la posibilidad de reactivar al agro ─con esta capacidad de gestión─ es muy remota, casi imposible.

Además, cabe adicionar que el gasto se hace de manera atomizada (gobiernos de nivel nacional, regional y local), y que el 85% del total presupuestado se va en discutibles “gastos corrientes”, por decir lo menos.

Gracias a esta información de base, recién podemos comprender — en parte— por qué los servicios del MINAG y de las direcciones regionales agrarias son mínimos, inconexos, deficientes e inoportunos.

Frente a esta realidad, resulta poco ético pedirles eficiencia y competitividad a los pequeños productores y comunidades, cuando las instituciones públicas del sector no lo son ni por asomo.

Estos problemas son endémicos y exigen una reingeniería concertada en el sector público agrario, incidiendo en los aspectos de enfoque (visión y misión), institucionalidad, gestión y estrategia operativa.

En otras palabras, es apremiante ir hacia un modelo de gestión moderna y de presupuesto por resultados, que ponga como centro de atención a las provincias y distritos, las cuencas y microcuencas, donde están los productores.

Nadie puede negar que actualmente los magros servicios del MINAG tienen un enfoque de oferta y no de demanda. Por ello, el grueso de productores no reconoce su trabajo como eficiente ni eficaz, pese a que muchos profesionales y técnicos del sector pueden ser buenos y querer ayudar efectivamente al campo.

Y como para ahondar a la improvisación y el desorden, últimamente se ha planteado crear en el MINAG un Viceministerio de Desarrollo Rural y de Seguridad Alimentaria, sin comprender que el gran desafío es estructurar —racional y participativamente— toda la institucionalidad rectora del sector, desde el MINAG y sus OPDs hasta las direcciones regionales y agencias agrarias.

Esta es la necesidad capital. Y ella no puede ser atendida por mera inspiración o intuición, sino con base en estudios, reflexiones y propuestas serias, puesto que el agro ya no merece más ensayos unilaterales y volátiles.

Hoy el sector está trabajando sin norte y así puede agotar pronto la poca confianza que le tiene la población usuaria.

El futuro plan de intervención del MINAG y sus homólogas descentralizadas debe partir por un diagnóstico de las necesidades del mercado y los productores, para —en función de ello— rediseñar los servicios que hoy no tienen demanda y/o son poco útiles. Ello con el fin primordial de vigorizar las cadenas agroeconómicas, a partir de la organización, la capacitación y el empoderamiento de los productores.

Con el propósito de conocer la práctica de nuestros competidores externos, acabamos revisar rápidamente el proceder del Ministerio de Agricultura de Chile y su Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).

En principio, nos llamó gratamente la atención el hecho de que la población beneficiaria de cada uno de los servicios que brinda dicho portafolio está claramente identificada por regiones (productores con menos de 12 hectáreas).

También se conoce, en tiempo real, su presupuesto y sus saldos por cada servicio específico (¡impresionante!)

Sus direcciones regionales dependen directamente del ministerio, por lo que no existen 26 estrategias distintas, contra lo que hoy sucede penosamente en nuestro país (si es que podría denominarse “estrategias” a las improvisaciones, además inconexas).

Por otro lado, el MINAG-Chile tiene una unidad internacional y, dentro de ésta, 11 profesionales están destacados en China, Korea, Japón, Brasil, EE.UU, etc., con roles específicos de captura tecnológica y búsqueda de nuevos mercados.

También el MINAG-Chile ha desarrollado un sistema sencillo y práctico de intercomunicación con las poblaciones rurales, mediante televisión digital, Internet y radio.

Gracias a ello, los productores están constantemente informados sobre clima, legislación, sanidad, nuevas tecnologías, mercados y precios, entre otros temas vitales.

Asimismo, el MINAG-Chile posee una unidad de políticas y monitoreo del cumplimiento de sus actividades (ODEPA), que debe ser muy eficaz, porque —entre otras cosas— mide la relación costo/ beneficio de cada una de las intervenciones del ministerio. Dicho órgano cuenta con metodologías de evaluación por cada unidad agraria, así como mapas y líneas de base para medir el avance de la inversión pública y los resultados que vienen lográndose en cada región.

En general, puede decirse que en Chile existe una institucionalidad sólida y eficiente que trabaja por impulsar el desarrollo constante del agro y la agroindustria. Entretanto, aquí este último rubro ha sido prácticamente abandonado por Agricultura desde 1990, pero que debe retomarlo, puesto que la agroindustria —sobre todo rural— es el segundo piso lógico de la producción sectorial.

En otro nivel de análisis, se observa que el compromiso de los gobiernos regionales con el agro en nuestro país es también muy precario, no obstante que el grueso de las poblaciones rurales está en sus ámbitos.

Casi todos ellos asignan presupuestos marginales al agro. Un solo ejemplo: los gobiernos regionales de Cajamarca y Puno, que manejan presupuestos cercanos a los 1,200 millones de nuevos soles cada uno, asignan al agro sólo el 1.4 y el 2.7%, respectivamente (ver Cuadro Nº 2). Esto significa que no valoran la crucial importancia del sector, ni tienen mayor compromiso con su destino. Es posible que si ellos retirasen esos magros presupuestos de sus obligaciones, los productores casi ni lo sentirían.

Esto indica que en todas partes se “cuecen habas” contra el agro.

Frente a ello, es de capital importancia asegurar que los más de 3,000 millones de nuevos soles que aporta el pueblo peruano para el sector sean racionalmente invertidos.

Para ello, reiteramos, es indispensable reestructurar la institucionalidad vigente, reconociendo que el Ministerio de Agricultura es la cabeza del sistema, que los gobiernos regionales y locales son partes indesligables del mismo y que los tres niveles se deben fundamentalmente a los productores; los cuales —a su vez— trabajan para sostener la seguridad alimentaria de todo el Perú.

En resumen, resulta imperioso replantear y alinear la visión, la organización, la estrategia y los recursos del sector, bajo la responsabilidad de un nuevo MINAG, diseñado por concertación. No podemos tener un ministerio, 26 regiones y 185 provincias desarticulados, actuando cada cual a su “real saber y entender”.

El desarrollo agrario es una tarea de todos y así debemos encararlo, en aras de nuestro presente y nuestro porvenir.

Necesitamos un MINAG reestructurado y ruralizado, eficiente y eficaz.

Para el efecto, el gobierno nacionalista en conjunto tiene la responsabilidad de poner su parte. En este sentido, consideramos que la reciente designación de la digna economista Carolina Trivelli Ávila como titular del flamante Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social puede ayudar mucho a que el régimen entienda mejor la importancia del agro, porque ella sí conoce muy bien al sector.

http://www.agronoticiasperu.com/370/perspectivas-370-7.htm