La jugada maestra de los Wong para capturar Andahuasi

(Diario 16) La resolución judicial que le habría sido entregada al general PNP Guillermo Arteta el pasado 6 de octubre por Miguel Chehade y Miguel León Barandiarán, hermano y amigo del vicepresidente Omar Chehade, para que los trabajadores de Andahuasi sean desalojados de la planta industrial y esta sea tomada por el Grupo Wong, guarda una historia muy bien montada que pondría en jaque a los dos emisarios que visitaron la oficina del alto oficial en El Potao.

Según un reportaje del programa Tribuna Abierta, para lograr un fallo a su favor, lo primero que hicieron es que su empresa Río Pativilca, que se disputa el control de Andahuasi, abriera una sucursal en el distrito chiclayano de José Leonardo Ortiz y la inscribió en la Sunat.

Es así que el 23 de octubre del año 2009, el representante legal de Río Pativilca, Antonio Palacios Tejada, presentó una demanda ante el Segundo Juzgado Civil Permanente de Lambayeque a cargo del juez Daniel Esquén Robles, para que la empresa azucarera Andahuasi le entregue la posesión de la planta industrial. Dicho juez admitió la denuncia.

Pasó el tiempo y el 30 de junio de este año el Segundo Juzgado Civil Transitorio, a cargo de la jueza Rosa María Mejía Chumán, declaró fundada la demanda de Río Pativilca (Grupo Wong) y ordenó al gerente general de Andahuasi Sociedad Anónima Abierta, inscrita en los registros públicos por Carlos Rivas Urteaga, a que entregue las instalaciones de la planta.

WONG VS WONG
¿Quién es Carlos Rivas Urteaga? Nada menos que un ejecutivo vinculado al Grupo Wong. Es decir, que la demanda que presentó la empresa Río Pativilca contra Andahuasi Sociedad Anónima Abierta era un enfrentamiento entre el Grupo Wong y un trabajador de ellos. En otra palabras, Wong vs Wong.

Pero la jugarreta fue que Rivas Urteaga se allanó al proceso y aceptó la devolución de la planta industrial a la empresa Río Pativilca para que de esa manera la jueza Mejía Chumán pueda emitir –desde otra jurisdicción judicialla resolución y enviarla al juzgado de Sayán, que sí le competía, para que ejecute el exhorto. De este modo se concretó una leguleyada. Cuando un denunciado se allana, ya no se discute el tema de la jurisdicción.