Viernes 8 de Julio del 2011
El Comercio - Perú
Diversos sectores preocupados por la conservación ambiental y la biodiversidad nativa han empezado a pronunciarse sobre la decepcionante postura del presidente Alan García frente a la autógrafa de ley del Congreso que proponía una moratoria de diez años para el ingreso de semillas transgénicas. El gobierno aprista –y en especial el presidente García– ha perdido una valiosa oportunidad para demostrar su independencia de los poderosos lobbies pro transgénicos que operan en el país.
El ministro de Agricultura, Jorge Villasante, ha sostenido que solo se requieren cinco años para abrir las puertas a los alimentos modificados y que la ley observada tiene deficiencias y puede generar problemas en actividades relacionadas con la biotecnología y la medicina. Todo esto podía ser corregido tras aprobar la norma y cerrarle la puerta a los transgénicos, hasta que sus efectos sobre la salud humana y el ambiente sean evaluados con precisión científica. Una muestra de falta de voluntad política y de fortísimos intereses distintos a los de la población.
En estos cinco años, el gobierno aprista no ha querido crear los mecanismos para que la población esté informada sobre si lo que consume contiene organismos vivos modificados (OVM) –transgénicos–, ni pueda identificar si una semilla ha sido modificada genéticamente. Tampoco ha impulsado la investigación para garantizar la inocuidad de estos productos de laboratorio.
Villasante sostiene que la norma protectora de nuestros recursos y ecosistemas atenta contra la Organización Mundial de Comercio. Esto sería perfectamente manejable si hubiese la intención de declarar al Perú territorio libre de transgénicos, al menos por diez años, como han hecho varios países desarrollados.
¿Por qué tenemos que ser permisivos con productos manejados por un puñado de laboratorios internacionales? Países con menos germoplasma nativo han rechazado los transgénicos. La ventaja comparativa del Perú está justamente en la capacidad de proveer una amplísima gama de productos orgánicos, no manipulados genéticamente, y purísimas variedades nativas que vienen siendo comercializadas y premiadas internacionalmente, con el consecuente beneficio económico a las comunidades altoandinas involucradas. Más allá de los devaneos presidenciales, diversas regiones se han declarado libres de transgénicos. El problema queda ahora en la cancha del presidente electo Ollanta Humala.
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