Uso de biocombustibles no puede postergarse más

Editorial
El Comercio - Perú

Desde hace ya buen tiempo el mundo camina hacia el manejo responsable de los recursos naturales y, dentro de ello, promueve la inversión para el desarrollo de energías más limpias que sean una alternativa a los combustibles convencionales que contaminan y cada día agravan el problema del calentamiento global.

Por eso, preocupa que el Gobierno diera marcha atrás en estos esfuerzos, al detener la aplicación de normas recientes, como la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles y su reglamento, orientadas a alentar el uso de las llamadas energías renovables en el país, como el biodiésel, el etanol, la energía eólica, geotérmica, solar y biomasa.

En todo caso, el Ministerio de Energía y Minas está obligado a presentar en el plazo más corto un cronograma concreto y real sobre los cambios que piensa aplicar en este terreno, si lo que se quiere verdaderamente es avanzar en la lucha contra la contaminación ambiental y los problemas que esta genera.

Sin duda, toda norma es perfectible, sobre todo tratándose de una legislación que puede cambiar para bien el manejo de los hidrocarburos de manera diametral.

Por ejemplo, según el reglamento actual, se obliga a las empresas generadoras de electricidad a utilizar energías renovables, alrededor de 500 megavatios, que deberán ser producidos con plantas eólicas, geotérmicas o solares. La pregunta, sin embargo, consiste en analizar si es necesario cambiar ahora reglas de juego que fueron establecidas y aprobadas incluso en este gobierno.

Se aduce que la inversión en energías renovables se estaba promoviendo bajo estudios de escasa solidez, que se hicieron por intuición, y que deben ser ajustados para no afectar el sistema energético. También se sostiene que las refinerías peruanas no están preparadas para producir etanol y biodiésel, que tendrían que importarse. Pero tampoco se puede permitir, como informa hoy nuestro Diario, que se continúe consumiendo combustibles con cien veces más contenido de azufre, mientras las refinerías solicitan prórrogas para instalar plantas en las que puedan transformar el producto en otro más limpio.

Eso es grave, y tendrá que investigarse por qué se aprobó un esquema de inversiones si no estaba bien sustentado. En todo caso, lo que el país espera es que esto no signifique flexibilizar ciertas exigencias, como aquella establecida en el reglamento actual que obliga a vender gasolinas con un componente de 10% de etanol a partir del 2010. De acuerdo con lo informado, ahora se dejaría a discreción del sector Energía y Minas la posibilidad de que el diésel tenga un 5% de biodiésel en tres años (actualmente tiene 2%).

Se trata de cautelar el ambiente, pero también de evitar conflictos sociales, sobre todo con las minorías indígenas que, entre otras demandas, reclaman una mayor protección al hábitat y los recursos naturales.

Estas confrontaciones pueden y deben evitarse, más aun cuando se trate de problemas que se producen no solo en el Perú sino en diversos países de Sudamérica. Así lo ha demostrado la última Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, en la que se ha propuesto la creación de un tribunal internacional de justicia ambiental que vigile y garantice la conservación de los recursos naturales y la ecología, una iniciativa que incluso se presentará a las Naciones Unidas.

La política responsable depende de que el Gobierno oriente a la población sobre las desventajas de la contaminación industrial y vehicular, y promueva el uso de energías renovables.