Por: Jaime de Althaus Guarderas
El Comercio - PERU
No cabe duda de que el discurso presidencial del 28 de julio fue un intento de rectificación política. Dejó de lado la tesis del perro del hortelano para sintonizar con demandas tales como la priorización del mercado interno para el gas, la defensa del consumidor ante abusos en las tarjetas de crédito o el precio de los medicamentos y buscó un reencuentro con las comunidades andinas y amazónicas vía la resurrección de los núcleos ejecutores comunales, pues “la mejor forma de dialogar es gastar”, ha dicho.
La tesis del síndrome perro del hortelano es correcta, en tanto se aplica a concepciones ideológicas y grupos políticos que cultivan la pobreza como caldo de cultivo, pero era una provocación inútil si quienes se sentían aludidas eran las comunidades indígenas. De hecho, en la legítima ansiedad presidencial por atraer la inversión y modernizar el país, no parecía haber sitio para la pequeña producción campesina o urbana. La propuesta no era integradora.
Ahora, acuciado por la necesidad de gastar para compensar la caída abismal de la inversión privada y contener el avance de la movilización antisistema, y necesitado, acaso, de un retorno a la calidez del centro político de cara a las elecciones regionales, redescubre el poder constructor de las comunidades campesinas, de la minka, de la faena comunal, que ya le habían permitido a Belaunde, con Cooperación Popular en los años 60, llenar de escuelas y caminos la sierra rural y reconciliar al Perú consigo mismo. En los Andes es el pueblo y no el Estado quien ha construido la infraestructura.
Pero le ha faltado el paso siguiente, que le permitiría un reencuentro genuino con las comunidades y una visión más inclusiva de la estrategia de crecimiento: una propuesta para la incorporación de la población rural andina al mercado, al circuito de la inversión y la acumulación. Y allí lo que sorprende es, más bien, el rechazo del gobierno a programas exitosos como Sierra Productiva. ¿Prejuicios políticos o culturales? ¿Temor de los funcionarios de Agricultura a ser desplazados por un programa que desnudaría su ineficacia?
El argumento de que se generaría una sobreproducción que no podría ser absorbida por el mercado es de un paternalismo inaceptable. Porque supone que las tecnologías en cuestión son justamente eficaces y van a aumentar la productividad de las familias y, sin embargo, ¡se les niega para que no se perjudiquen! Se desconoce que la sola introducción de estas tecnologías dinamiza el mercado local, que adquiere buena parte de los excedentes. Por lo demás, mercado habrá: somos uno de los países del mundo con menor extensión cultivada por habitante, y con una productividad muy baja, y esa es precisamente la raíz principal de la pobreza. Arranquémosla de una vez.
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