Agricultura PREDAtoria

El pasado primero de abril, el ex primer ministro, Yehude Simon, se presentó ante la Comisión de Agricultura del Congreso para tratar el tema de la Reestructuración de la Deuda Agraria. En la reunión que sostuvo se propuso aportar parte de los recursos del Gobierno para cancelar algunas deudas contraídas por agricultores. Además, propuso un diálogo con los bancos para suspender el remate de tierras.

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La ley a la que hizo referencia Simon en su intervención en el Congreso es la que establece el Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria (Preda). Ahora, ¿en qué consiste este programa? Para empezar, y como su nombre lo dice, reestructura la deuda agraria otorgada por el Estado, vencida en un plazo máximo el 31 de diciembre de 2007. En ese sentido, condona los primeros S/.10 mil de las deudas contraídas inferiores a S/.35 mil; además, las deudas que sean superiores al monto previo son refinanciadas a un plazo de hasta cinco años, sin intereses. No solo eso, sino que también otorga a los deudores que se acogieron al Rescate Financiero Agropecuario (RFA) una iniciativa similar aprobada en el pasado: sesenta días para acogerse al Preda.

Finalmente, autoriza a Agrobanco a comprar toda la cartera agraria morosa al 31 de diciembre de 2007 a instituciones del sistema financiero nacional, para lo cual el MEF transfirió a Agrobanco S/.50 millones. Ahora bien, no solo por el hecho de que esta ley representa hasta cierto punto una iniciativa de gasto por
parte del Congreso y, por ende, es inconstitucional, sino también por la naturaleza propia de la misma, es necesario que las autoridades, además de observarla, diseñen mecanismos de intervención pública más eficientes y equitativos para el sector.

La primera recomendación gira en torno a la identificación de los segmentos de la agricultura que van a ser “subsidiados” con recursos aportados por los contribuyentes. Esta debe hacerse de manera transparente y verificable por terceros. Igualmente, una vez que se interviene mediante estos subsidios, es de vital importancia que el proceso sea evaluable de manera independiente, para lo que se requiere una línea de base definida por instituciones ajenas al Estado. Por último, y más importante aún, la intervención debe estar ligada a adoptar acciones que mejoren la productividad de los agricultores, tales como la asociación con otros productores o el uso de semillas y sistemas de riego mejorados.

En segundo lugar, es natural que una intervención ex post que condona o reestructura deuda vencida no permita identificar a los reales beneficiarios, castigue a los pagadores puntuales, mantenga una estructura de incentivos perversos, a la vez que fomente el clientelismo político. Esta clase de incentivos podrían desprestigiar el programa a tal punto que para los buenos pagadores no habría por qué seguir pagando las deudas puntualmente si eventualmente “papá Estado” se las condonará.

La tercera y última observación es que esta enésima reestructuración de la deuda agrícola incrementa la incertidumbre asociada a extender créditos en el agro y por ello retrae el crédito agrícola que supuestamente se busca promover, sobre todo en un contexto en el que, desde aproximadamente 2006, el monto de los créditos al agro ha aumentado a un ritmo importante.

De un lado, este programa reduce el número de “acreedores” del Estado, ya que la mayoría asume que no tendrá que honrar sus deudas, pues sería lógico suponer que los políticos en cualquier momento adoptarán otro salvataje. Del otro, reduce el incentivo de las instituciones financieras privadas por extender créditos al agro, dado que no tienen cómo competir con créditos que se condonarán.

En resumidas cuentas, si estos tres puntos no se observan con el debido detalle, lo más probable es que esta iniciativa del Estado, como tantas otras, termine perjudicando más de lo que beneficie. Refinanciar o condonar la deuda podría generar incentivos perversos para los que se dedican a esta actividad y deseen solicitar créditos, así como un desincentivo a las instituciones financieras de otorgar créditos que luego serán perdonados. Por estos motivos, si se va a intervenir, es mejor que se actúe a través de la búsqueda de mayor eficiencia, definiendo acuciosamente los potenciales segmentos beneficiados; de ese modo no habrá filtraciones y el programa tendrá los beneficios que pretende.