El crecimiento desigual del agro

LOS MEDIANOS Y GRANDES PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA COSTA SE ESTÁN CONSOLIDANDO EMPRESARIALMENTE. LOS PEQUEÑOS ESTÁN EN CRISIS Y HAN EMPEZADO A VENDER SUS TIERRAS O A SER REMATADAS POR DEUDAS

Por: Álvaro Gasta
El Comercio - Perú

En apenas 40 años la agricultura peruana ha sufrido profundas transformaciones, que la han llevado desde la desaparición de las 10.000 haciendas que había en 1969, y su consecuente empobrecimiento, hasta el actual desarrollo de las medianas y grandes unidades productivas de la costa.

La participación del Estado en estos procesos también ha fluctuado entre los extremos. De un control rígido de los 60 y 70, que en algunos casos señalaba hasta lo que debía sembrarse, se ha pasado en la actualidad a una ausencia casi absoluta, al extremo de que ahora ni el Ministerio de Agricultura ni las direcciones regionales orientan los cultivos ni saben cuántas unidades productivas hay, sus dimensiones ni en qué estado se encuentran.

Sin embargo, especialistas de diversas disciplinas coinciden en señalar que en el Perú se están consolidando empresarialmente las unidades de producción de entre 50 y 45.000 hectáreas. Ello ha sido posible gracias a que el agro se ha convertido en un sector atractivo para los inversionistas, que hasta hace unos 15 años estaban alejados, y a un mercado en constante crecimiento.

Aunque advierte que no hay estadísticas que confirmen este proceso, el ministro de Agricultura, Carlos Leyton, admite que este fenómeno se está dando solo en la costa, pero no en la sierra ni en la selva, que siguen sin atraer de la misma manera la inversión privada. También sostiene que este crecimiento ha hecho que las exportaciones agrarias suban hasta nueve veces desde el 2000.

Pero como si fuera el reverso de la moneda, un gran porcentaje de los pequeños y microproductores del campo está sumido en una aguda crisis económica y tecnológica y muchos de ellos están vendiendo sus propiedades, cuando no son rematadas por las entidades financieras.

Para el especialista Fernando Cillóniz y el abogado Juan García Montúfar, este proceso de desaparición paulatina del minifundio a favor de los medianos y grandes productores es positivo para el país, porque está permitiendo el desarrollo de nuevas empresas, modernas y rentables. Incluso, Cillóniz enfatizó que el desarrollo de los minifundios en el Perú ha sido muy perjudicial y ha empobrecido el agro.

Sin embargo, para el agricultor y ex presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Luis Zúñiga, la desa- parición de los pequeños productores pone en riesgo la seguridad alimentaria del país, pues la prioridad del mediano y gran productor es la rentabilidad y por ese motivo su tendencia es desarrollar solo unos pocos cultivos. En cambio, los pequeños agricultores —agregó— son los que desarrollan una mayor variedad de productos. Para Cillóniz, ese es un mito, pues los agricultores —sean grandes o pequeños— van a producir lo que pueda tener mercado.

Otro punto de coincidencia es que la sierra y la selva, salvo algunas excepciones, no están atrayendo a los inversionistas por lo agreste del clima y la geografía y la falta de inversión en vías e infraestructura.

OTRA VEZ LATIFUNDIOS
Otro proceso que también se está produciendo (ver infografía) es el desarrollo de unidades productivas agrarias por encima de las 10.000 hectáreas. Además de las principales azucareras de la costa norte del país, que han atraído en los últimos cuatro años a grupos empresariales que están invirtiendo en algunos casos por encima de S/.50 millones en su desarrollo, no menos de cuatro empresas agrarias estarían por superar la barrera de las 10.000 hectáreas de terreno cultivado.

De manera coincidente, Fernando Eguren, del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), y Jorge Varcárcel, investigador de la Universidad Católica, consideran que una acumulación de tierras de esa magnitud podría generar problemas de desigualdad en las áreas geográficas donde se desarrollan. Señalaron que la desigualdad se produce por las distorsiones que provoca que en un solo lugar haya un solo empleador y un solo comprador de la producción local. Incluso, Eguren se pregunta qué autonomía podrían tener los gobiernos locales o provinciales en jurisdicciones donde el poder lo tiene una empresa que es dueña de casi todas las tierras.

Eguren también citó al empresario José Chlimper, quien sostiene que más que importar el tamaño del predio, lo que interesa es determinar la posición de dominio que puede tener una empresa en una zona. Según él, una unidad productiva de 12.000 hectáreas en un valle que tiene apenas 14.000 podría tener una posición de dominio en esa zona.

Valcárcel también reconoce que la acumulación de tierras podría generar tensiones en la población y aumentar el riesgo para la paz y la calma social en sus jurisdicciones.

Para el ministro de Agricultura, Carlos Leyton, este proceso de consolidación de las grandes unidades agrícolas hay que verlo en la dinámica de crecimiento económico y de las necesidades que tienen ahora los sistemas de producción a gran escala.

En ese mismo sentido, Cillóniz considera que aún son muy pocas las empresas que están creciendo por encima de las 10.000 hectáreas, si se compara con las que había antes de la reforma agraria de 1969. Señaló que el país no debería preocuparse por esas escalas de producción, pues en otros países, como Argentina o Brasil, hay fundos que superan el millón de hectáreas. También descartó que puedan producirse factores de desigualdad y aseguró que las grandes empresas agrícolas son las que están pagando mejor a sus trabajadores y reconociéndoles todos sus derechos.

¿Y HAY SOLUCIÓN?
Tanto para Eguren como para Valcárcel es necesario establecer límites a la propiedad agrícola y que exista una mayor participación del Estado en las zonas donde se desarrollan estas empresas. Sin embargo, Eguren no se atrevió a señalar cuál sería el límite.

El que lo hizo fue el congresista aprista Tomás Cen- zano, quien presentó un proyecto para limitar a 40.000 hectáreas las unidades agrícolas.

La iniciativa aún debe ser analizada por las comisiones Agraria y de Economía del Congreso. Pero eso sería en la próxima legislatura.