El Pleno del Congreso aprobó esta tarde, por 79 votos a favor y 10 abstenciones, un dictamen que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva mediante el desarrollo, la adaptación, mejora o transferencia de tecnología.La norma, que fue exonerada del trámite de la segunda votación, forma parte del paquete de proyectos de ley que remitió el Ejecutivo al Parlamento en el marco de las medidas para enfrentar los efectos de la crisis financiera internacional, y que el ministro de Economía, Luis Carranza, pidió que sean vistos con prioridad.
El proyecto posibilita considerar transferencias de equipos, maquinarias, infraestructura, insumos y materiales en beneficio de agentes económicos organizados, exclusivamente en zonas en donde la inversión privada sea insuficiente, con la finalidad de lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva.
La norma precisa que las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva serán ejecutadas a través de procesos concursables por los gobiernos regionales y locales. Ello en el marco de las competencias fijadas por ley. “Su implementación, ejecución y la evaluación del impacto se realizarán de acuerdo con los procedimientos y la metodología que apruebe el Ministerio de Economía y Finanzas”, indica el dispositivo.
En ese sentido, no se podrá considerar la entrega directa de dinero a los beneficiarios, ni gastos de operación ni mantenimiento de ninguna clase. “A las iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva no les es de aplicación la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.”
El dictamen señala que dichas iniciativas serán autorizadas por un plazo máximo de dos años por las Oficinas de Programación e Inversiones de los gobiernos regionales y locales, siempre que se sustente técnicamente que los beneficios son mayores a la inversión, y a los costos de operación y de mantenimiento.
“Los gobiernos regionales y locales deberán informar, en el plazo máximo de 15 días hábiles, al Ministerio de Economía y Finanzas, sobre las iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva”, añade la norma aprobada.
Asimismo, corresponderá a las regiones y los municipios destinar hasta un 10 por ciento de los recursos presupuestados para los gastos dirigidos a proyectos, con el objetivo de financiar las propuestas de respaldo a la competitividad.
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