La nueva ley de aguas

Por: Geoffrey Cannock Economista
El Comercio - Perú

El Congreso acaba de aprobar la ley de recursos hídricos luego de intentarlo por muchos años, al derogar la Ley General de Aguas del régimen militar de Velasco, pero también los decretos legislativos sobre recursos hídricos aprobados el año pasado.

Este es un tema sensible para la población por la arraigada percepción de que aunque el agua es esencial para la vida, no hay que pagar ni preocuparse por ella por ser un regalo de la naturaleza. Pero contar ahora con una adecuada gestión del agua es imperativo para que el país se adapte a los impactos del calentamiento global, y por la creciente demanda de agua por parte de los usuarios, lo cual ha originado múltiples conflictos e incertidumbres en su acceso.

La nueva ley declara que no hay propiedad privada en el agua y mantiene otros aspectos de la derogada Ley General de Aguas como el sistema de derechos de uso no transferibles, la posibilidad de revocar los derechos por falta de pago y las prioridades en su asignación.

La nueva norma también recoge las innovaciones de los decretos legislativos como la creación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la gestión por cuencas y el régimen de incentivos para mejorar la eficiencia en el uso del recurso.

Las principales novedades de la norma radican en que la ANA dependerá del Ministerio del Ambiente, que es un ente más neutral para los usuarios; una mejor definición en las tarifas; y la participación de los usuarios en la estructura de gobierno de la ANA.

El agua puede manejarse razonablemente bien en base a los derechos de uso de agua, aunque el país no cuenta con sistemas de riego que se beneficien mucho de un hipotético mercado de transferencias de agua entre usuarios. El mayor reto, en cambio, será la capacidad de ejecución de las nuevas entidades. La estructura del consejo directivo de la ANA es débil. Incluir a los usuarios origina insalvables conflictos de interés y problemas de adecuada representatividad como lo demuestran experiencias similares. Lo recomendable es que la ANA pueda no solo proponer normas en los temas de su competencia, sino también poder aprobarlas debidamente motivadas y sujetas a procedimientos transparentes de consulta con los usuarios.

Probablemente, el talón de Aquiles sea el financiamiento para cumplir las frondosas pero necesarias funciones en áreas como administración de las licencias de uso de agua, prevención de desastres naturales, estándares de calidad y demarcación de cuencas.

No será fácil establecer tarifas para el agua que financien una buena gestión de este recurso. Por ello, lo recomendable hubiera sido crear una ANA con la autonomía técnica y administrativa que tienen los organismos reguladores, debido a que ejercerá funciones similares para regular, resolver controversias, supervisar y sancionar en un recurso clave para todos.

GERENTE DE ECONOMÍA APLICADA, APOYO CONSULTORÍA.