El ignorado marco legal del agua

(GESTIÓN) Ahora que, por primera vez, el manejo del agua ocupa un lugar preponderante en el debate político, cabría preguntarse si el marco legal de ese recurso está cumpliendo su cometido. Para empezar, está la Ley de Recursos Hídricos, aprobada por el anterior Congreso y promulgada por el ex presidente Alan García en marzo del 2009. Esta norma batió todos los récords de espera, pues su debate duró cerca de diez años, lo que refleja el escaso interés que el tema solía despertar hasta hace poco.

Y aunque la ley otorgaba 60 días para la elaboración del reglamento respectivo, este recién fue promulgado un año después. Al parecer, fue bastante complicado alcanzar acuerdos en aspectos como la protección y conservación del recurso, el papel de las comunidades en el manejo y el uso del agua para otros fines distintos del agrícola, particularmente en actividades como la industria y la minería.

Si bien el manejo del agua es un asunto medioambiental y por naturaleza transversal —es decir, no se utiliza solamente para el riego—, la principal creación de la ley, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), fue adscrita al Ministerio de Agricultura, cuando lo más lógico hubiera sido encargársela al entonces novísimo Ministerio del Ambiente, dado que su función es articular, coordinar y concertar el accionar del Estado y el sector privado (incluyendo a las comunidades y otros usuarios particulares).

Sumada a esta clara incongruencia, está la nula difusión del marco normativo. Por ejemplo, ¿se sabe que una de las funciones de la ANA es la preservación del recurso en las cabeceras de cuencas? Esta agencia tiene la potestad de declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua. Pero como ocurre con la mayoría de las entidades reguladoras, la ANA no ha recibido el respaldo político que necesita.

¿Qué hacer para evitar nuevos conflictos en torno al manejo y preservación del agua? El Gobierno tiene la oportunidad de reorientar el debate y darle fuerza a propuestas coherentes para replantear el marco legal. Es necesario que se alcancen consensos, pues es la única salida para poner freno a las posiciones extremas que hoy dominan la discusión e imponen su intransigencia.