Conga: obligación de dialogar y restaurar el orden y la autoridad

(EL COMERCIO) La forzada suspensión de las operaciones del proyecto Conga, anunciada por los directivos de Newmont-Yanacocha, lamentablemente no ha sido acompañada por el retorno al orden y la tranquilidad en Cajamarca. Por el contrario, en lo que parece ser una irresponsable competencia por ver quién es más radical y ganar réditos políticos, varios dirigentes regionales ideologizados siguen empeñados en posturas de intolerancia beligerante que han paralizado la zona, recortan los derechos al tránsito, al acceso a la información y la libre expresión, atacan a quienes piensan distinto y han sumido a la región en un clima de confrontación, zozobra, rumores, desconcierto y desabastecimiento, cada vez más insostenible.

Tal situación no puede continuar. El gobierno del presidente Ollanta Humala tiene que marcar la agenda de gobernabilidad del país, garantizar el orden constitucional y restaurar el principio de autoridad. La inacción, en una coyuntura de conflictos, no es lo más aconsejable, sobre todo si del otro lado hay miles de compatriotas que exigen el respeto de sus derechos y su tranquilidad. Ayer mismo, el alcalde de Celendín, Mauro Siles Arteaga, tuvo que huir tras recibir amenazas contra su vida, lo que revela el ánimo recalcitrante y violentista de los promotores del paro.

Por lo demás, hay que tener mucho cuidado para evitar que se sienten precedentes funestos que podrían ahuyentar las inversiones comprometidas y futuras –que en el contexto crítico mundial podrían ir a otros países–, necesarias para promover el crecimiento económico, condición indispensable para lograr el objetivo de la inclusión social. De lo que suceda con Conga depende, en mucho, el futuro de la minería responsable.

El prospecto contrario, de apaciguamiento y sometimiento a agendas radicales, es ciertamente impensable y caótico. No solo por el negativo precedente político, sino también porque se dejaría campo libre a la altamente contaminante minería informal (que ya sabe dónde está el oro) y se causarían graves perjuicios a la economía regional y nacional. ¿Cómo se mantendrá el dinamismo económico que pone en marcha la minería, que involucra desde taxistas hasta restaurantes, centros comerciales y empresas medianas de servicios? ¿Qué pasará con la región si la inversión minera se marcha de Cajamarca? ¿Quién reemplazará los miles de puestos de trabajo?

Los medios de comunicación, locales y nacionales, deben asumir también su responsabilidad de informar de modo plural y dar cabida a las opiniones de los técnicos, que expliquen las alternativas para compatibilizar la operación minera con el equilibrio ambiental y el cuidado de las fuentes de agua; y del gobierno para que informe y haga cumplir los acuerdos a los que se llegue.

Y así como la empresa Newmont-Yanacocha ha abierto cauces para modificar su proyecto y afectar lo menos posible las lagunas, pues del otro lado tiene que haber reciprocidad para involucrarse en un diálogo franco, con actitud no solo de escuchar al otro, sino también de hacer algunas concesiones. Si no se dan esas condiciones, pues difícilmente se podrá avanzar. Eso es lo que deben entender los dirigentes regionales, que no pueden apropiarse de la agenda cajamarquina y tienen que dar cabida a otros líderes locales representativos que no concuerdan con su posición radical. Más aun, tienen que hacer un ejercicio de autocrítica y asumir su grave responsabilidad de manejar de modo tan ineficiente e irresponsable los ingentes recursos del canon (que siguen depositados en los bancos) y de no dar alternativas de desarrollo, pues solo se limitan a repetir su eslogan maniqueísta de “agua sí, oro no”. ¿Y después qué pasará?

En un contexto tan complejo y delicado como el actual, el gobierno debe recobrar la iniciativa y actuar con autoridad, pero también con coherencia, sensatez y unidad, por lo que no se puede permitir posturas discrepantes en el Gabinete. Asimismo, resulta fundamental que se afinen las políticas de comunicación, sobre todo con la población cajamarquina, cuya opinión pública hasta ahora ha sido prácticamente monopolizada por el discurso radical de los grupos ideologizados; y, eventualmente, tampoco puede descartarse la opción de declarar el estado de emergencia en la zona para recobrar el orden y garantizar el libre tránsito y el abastecimiento a los cajamarquinos que claman por ello.

El presidente Humala tiene que demostrar liderazgo, autoridad y su condición de estadista, para proceder a plantear salidas constitucionales, consensuadas, técnicas y realistas, que sean comprendidas por todos y garantizadas por su gobierno.