Que transgénicos no ensombrezcan código de consumo

Lunes 29 de Marzo del 2010
EDITORIAL DEL COMERCIO

Es alentador, que de manera responsable y como correspondía, el presidente Alan García haya escuchado el clamor de los peruanos que demandan que el nuevo código de consumo se convierta en la defensa legal de los derechos de los consumidores y no en una norma tramposa que vulnere derechos fundamentales. Como afirmamos en nuestro editorial de ayer, resultaba por lo menos sospechoso que el Ejecutivo se apresurara a aprobar una norma que resulta incompleta, pues no establece la obligatoriedad de que en el etiquetado se informe claramente si un alimento es transgénico, si un producto alimenticio lo contiene entre sus ingredientes o es parte de su proceso productivo; por ejemplo, en el caso del engorde de aves de corral y ganado.

Esto debe corregirse ahora que el presidente ha decidido que el anteproyecto del código de consumo sea debatido públicamente para recoger las aportaciones de todos los sectores y perfeccionado antes de ser remitido al Congreso para su aprobación.

Evidentemente no somos un país que repare en la letra menuda, pero es precisamente tarea del Estado proteger a todos los consumidores —tanto a los diligentes que conocen sus derechos, como al resto que son la mayoría—, sobre todo en un tema tan polémico y delicado como es el de los alimentos genéticamente modificados o transgénicos.

Bien vale insistir en que hasta el momento el Gobierno no ha cumplido con impulsar investigaciones independientes —ni con el desarrollo de una campaña educativa— que permitan mostrar las consecuencias reales del consumo de estos productos que, por algo, han comenzado a prohibirse en otros países. Por eso, sería un doble error que ahora se lave las manos y abandone al consumidor a su suerte, no garantizándole la posibilidad de una decisión bien informada.

Bajo estas consideraciones, lo primero que deberá corregirse en el anteproyecto es la funesta sustentación que se hace para no reglamentar el etiquetado de transgénicos. El país merece recibir una explicación de por qué se cambió el texto original que establecía la obligatoriedad de informar en el rotulado si se trataba de un alimento transgénico. En este contexto resulta preocupante que la ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Aráoz, tras el Consejo de Ministros de ayer haya sugerido plantear una rotulación en “positivo”; es decir, no señalando claramente si es un producto transgénico sino informando si este es “orgánico” o “natural”. Esta propuesta deviene en engañosa, pues se seguiría ocultando a los consumidores un dato clave que afecta directamente su derecho a decidir. Surge la pregunta: ¿Los intereses de quién se están tratando de proteger? Es claro que el silencio no protege a los consumidores.

Nadie se opone a que la Confiep revise el anteproyecto, pero también se necesita la posición independiente de expertos, ecologistas, entidades académicas, redes agrarias de productores orgánicos y las organizaciones de la sociedad civil especializadas. Es imperativo recoger los puntos de vista de todos.

Este debate, finalmente, debe darse abiertamente en el Congreso, cuyas comisiones tienen la responsabilidad de entregar al Perú una norma que recoja lo mejor de la legislación comparada, que cautele el derecho de la población a gozar de una alimentación sana; asimismo, que garantice la conservación de nuestra biodiversidad y ecosistemas, y la histórica tradición agraria de nuestro país. El código de consumo es una iniciativa positiva y esperada por décadas. Permitirá unificar legislación actualmente dispersa, crear una autoridad nacional de consumo, impedir las malas prácticas —por ejemplo, en materia médica—, entre otras fortalezas. El Ejecutivo no debe permitir que el tema de los transgénicos desfigure los fines de esta histórica iniciativa.