Lima, may. 08 (ANDINA).- La condonación de la deuda agraria generaría un desequilibrio financiero al Estado peruano ya que tendría un costo fiscal de 448 millones de nuevos soles, advirtió hoy el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “El Estado tiene que velar por resolver los problemas con instrumentos que no incentiven una cultura del no pago, ni que generen medidas abiertas que podrían llevar al desequilibrio financiero, y esa es la razón de fondo para evitar este tipo de programas”, manifestó el ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza.
Señaló que esta es la posición que siempre ha mostrado su cartera acerca de la Ley de Reestructuración de la Deuda Agraria (Preda) que aprobó el pleno del Congreso de la República en setiembre del 2008.
“Aquí se habla siempre de condonación, en ningún momento de reestructuración de deudas”, puntualizó durante su exposición ante la Comisión Agraria del Congreso acerca del proceso de aplicación del Preda.
Explicó que este programa tiene tres componentes, primero es la condonación de la deuda agraria con entidades no financieras del Estado (incluidos intereses, moras, etc.),que asciende a 356 millones de soles.
El segundo componente es el Rescate Financiero Agrario (RFA) que asciende a 42 millones de soles; y, por último, una deuda con instituciones del sistema financiero nacional por 50 millones.
El ministro dijo que en total son 448 millones de soles los que la aplicación de este programa costaría al Estado.
Recordó que el 5 de diciembre del año pasado, el Ministerio de Justicia (Minjus), por encargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 29264 ante el Tribunal Constitucional.
“La cuarta disposición complementaria de dicha ley ordena transferir 50 millones de soles con cargo a unos bonos, el problema es que esa transferencia ya se hizo y el MEF no puede volver a transferir esa cantidad”, señaló.
Además, subrayó que 85 millones de dólares ya se utilizaron en el RFA y se utilizaron mal porque el 70 por ciento fueron para grandes deudores y el Congreso tiene que ser consciente de eso.
Carranza explicó que allí radica el problema de inconstitucionalidad porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto.
Señaló que ahora la demanda se encuentra pendiente de resolución y la vista de la causa se realizó el 28 de abril, con lo que quedará expedita para ser sentenciada.
(FIN)DCT/JPC
(AND231835) Fecha: 08/05/2009
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