Competitividad y su solución operativa

(GESTIÓN). En la actual administración la inclusión social y económica es un aspecto medular para esta. En lo social, la propuesta práctica es el Midis. ¿Y en la económica? En las últimas tres décadas, los gobiernos enfatizaron en la estabilidad macroeconómica y mejoras en el clima de negocios (simplificación administrativa), pero muy poco se ha hecho por apoyar a las empresas en los procesos microeconómicos (acceso a innovación, mejoras en gestión, elaboración de planes de negocios, estándares de calidad, aprovechamiento de TLC, y apoyos para la asociatividad y cadenas productivas). En suma, no hubo una política industrial moderna e inclusiva. Esto se da en una paradójica situación en la que el aparato productivo representa el 30% de los ingresos fiscales del Gobierno frente a una inversión de este en el Presupuesto Nacional de tan solo el 0.4%, en apoyos desarticulados a las empresas para mejoras en su competitividad. Incluso si miramos los programas estatales dirigidos a pesca e industria, actualmente existen ocho programas involucrando 130 millones de soles anuales. En materia de competitividad esto es lo que se ha recibido.

La propuesta para lograr mayor competitividad del aparato productivo con inclusión económica, se basa en cuatro principios: (i) Obtención de rápidos y sostenidos aumentos en la competitividad de las empresas, (ii) generación de capacidades empresariales de las unidades productivas más pequeñas, (iii) articular, ordenar y lograr mayor eficiencia en el apoyo que el Estado brinda a las empresas, (iv) llegar al territorio a través de un Estado móvil bien articulado, y (v) expandir gradualmente en el tiempo los servicios productivos a las empresas. ¿El Estado podría hoy comenzar a enfrentar estos retos? La respuesta es no. Por cuatro razones: a) programas dispersos y traslapados entre sí, b) programas con incentivos perversos (subsidian al 100% y apoyan a empresas informales),c) reducido presupuesto y d) programas de apoyo empresarial no llegan al territorio nacional.

Entonces, la intervención del Estado en la promoción de la competitividad debe darse a través del establecimiento de un solo ente ejecutor que articule, ordene todos los programas existentes y ejecute con agilidad servicios empresariales con llegada al territorio nacional, esta es la Agencia de la Competitividad. Como proveedor de servicios para las empresas con énfasis en las más pequeñas y vulnerables es una propuesta de solución a los cuatro problemas identificados. Articula y junta programas originando sinergias, cambia los incentivos de perversos a virtuosos con más rapidez y facilidad (como exigir el cofinanciamiento de los servicios y apoyar solo a las empresas formales), implementa el Presupuesto por Resultados de forma más eficaz y facilita la evaluación continua de los programas, además siendo una plataforma integral de servicios empresariales actúa como imán para atraer los recursos de los gobiernos regionales y locales, y la cooperación
internacional.

Finalmente, a partir del ordenamiento y articulación en redes con los gobiernos subnacionales, el Estado se vuelve un Estado móvil. En suma, es un ente ejecutor que no interfiere en la rectoría estratégica (Consejo Nacional de la Competitividad) ni en la de definición de políticas sectoriales en lo productivo (Produce, Minag, Mincetur). Al poseer solo responsabilidades en la ejecución de los apoyos del Estado a las empresas, la Agencia es una potente solución operativa.