¿A quién beneficia el ingreso de transgénicos?

(EL COMERCIO). Los promotores de las semillas genéticamente modificadas o transgénicas libraron esta semana una batalla por el ingreso de estas al Perú. Finalmente –y a tono con el sentir de la población–, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó declarar una moratoria de 10 años a tales cultivos. Falta que el pleno ratifique el proyecto, pero es un positivo avance haber retomado esta iniciativa sobre un tema gravitante para la conservación de nuestros ecosistemas y salud de los peruanos.

La norma aprobada recoge las observaciones del ex presidente Alan García y permitirá el ingreso de transgénicos solo para la investigación en laboratorios y ambientes debidamente aislados. Se exceptúa de la moratoria los medicamentos y productos terminados para el consumo directo como la soya y el maíz. Queda pendiente el tema del rotulado para que el consumidor sepa si lo que está consumiendo incluye o no transgénicos, y pueda realizar una compra informada.

Esta semana, también, Patricia Teullet, gerenta general de Cómex, confrontó la defensa de nuestra biodiversidad y diversificación de cultivos orgánicos, promovida por el chef Gastón Acurio. Escribió que no es ningún Steve Jobs y que cree que innovar es usar culantro en vez de perejil. Cuando se desató la polémica Teullet dijo que era una broma. Habría que preguntarse a quién defiende cuando promueve el ingreso de cultivos transgénicos y sostiene que “la esencia de esto es poder aumentar productividad, rendimiento y generar bienestar para la humanidad”.

¿Quién puede mostrar que los transgénicos garantizan la seguridad alimentaria?

La seguridad alimentaria se basa, justamente, en la diversidad de cultivos y no en el monocultivo de soya o maíz, utilizados principalmente para uso forrajero o de biocombustibles. La historia reciente demuestra que la seguridad alimentaria pasa por una adecuada red de distribución de alimentos y mayor sensibilidad de los productores que –como se ha visto alguna vez en nuestro país– son capaces de verter leche a los ríos y quemar toneladas de pollo para mantener estables los precios.

Doe Run y la promesa incumplida
Mientras Doe Run Perú sigue ventilando un proceso concursal en el Indecopi e incluso algunos congresistas estadounidenses le han prestado su respaldo frente a sus demandas ante el Estado Peruano, las operaciones de la empresa metalúrgica siguen detenidas.

Los únicos perjudicados son los trabajadores y sus familias, el medio ambiente afectado por una corporación que incumplió sus compromisos contractuales cuando no invirtió adecuadamente en los programas de adecuación y manejo ambiental (PAMA), y las empresas locales a las que Doe Run debe aún varios millones de dólares.

Hace algunas semanas, el presidente Humala ofreció su apoyo a los trabajadores que demandan la reanudación de las operaciones de La Oroya. Sin embargo, dos años y medio después de la paralización de sus actividades, corresponde que el Estado Peruano haga valer sus derechos, que Doe Run no sea tratada con guantes de seda y que más bien cumpla con sus obligaciones, entre ellas el pago de las deudas que mantiene con diversas empresas.