(EL COMERCIO) Ayer, pasadas las dos de la tarde, los cuerpos de Derhues Gamboa, Miguel Ángel Rivas y Araceli Sánchez fueron enterrados en el caserío cajabambino de Redondo, ubicado a más de cinco horas de la ciudad de Cajamarca. Los tres niños menores de 10 años recibieron cristiana sepultura en medio del dolor de sus familiares y vecinos.
Marina Roncal, madre de Araceli, pidió que las autoridades de salud apuren los análisis químicos que determinarán por qué fallecieron los menores tras almorzar en el centro educativo del caserío. Mientras tanto, culpa de la tragedia a la supuesta mala calidad de los alimentos distribuidos por el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa). Isaac Gamboa y Fulgencio Rivas, padres de Derhues y Miguel Ángel, respectivamente, aseguraron que el pueblo ya no recibirá los alimentos de ese programa de asistencia social.
PRIMERAS INVESTIGACIONES
Unas pocas horas antes el pedido de Marina Roncal fue escuchado, aunque de manera parcial, por las autoridades de salud. Manuel Acosta Sal, director general de Salud de las Personas del Ministerio de Salud (Minsa) declaraba que hasta donde han avanzado sus investigaciones “no se ha encontrado insecticida con los alimentos; entonces todo hace pensar que la contaminación ha sido externa”.
Acosta fundamentó su informe preliminar en los estudios remitidos por los profesionales médicos que visitaron la zona ni bien ocurrió el fatal incidente.
“Según nos han informado los epidemiólogos, no se encontró insecticida en el lugar donde se guardan los alimentos al interior de la escuela. Entonces la investigación correrá por el Ministerio Público, para saber cómo los alimentos terminan siendo contaminados con insecticidas si no se han encontrado en el lugar”, reiteró.
Al ser consultado si esta información descartaba las declaraciones de la ministra de la Mujer y Desarrollo Social sobre que los alimentos habían sido contaminados al momento de su preparación el funcionario del Minsa aseguró que “ella será responsable de lo que está diciendo”.
Además, resaltó la rápida reacción que ha tenido la Dirección Regional de Salud de Cajamarca, en la atención de los pacientes y sus familiares de los 92 afectados de los cuales solo dos menores quedaron en observación.
RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Mientras que desde Cajamarca descartaban la versión inicial en la que se responsabilizó a una madre de familia del envenenamiento masivo, la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Aída García Naranjo cambiaba su postura durante su presentación ante las comisiones de Salud y Fiscalización del Congreso.
“Desde mi punto de vista no podemos responsabilizar ni a los maestros ni a las madres de familia como se hizo en otros casos […] Hallo responsabilidad central en elementos estructurales, falta de recursos de inversión en las personas y básicamente en recursos de capacitación que sistemáticamente han sido reducidos”, señaló tras admitir que no existe una investigación final.
Durante su visita al hemiciclo, en compañía de los ministros de Salud y de Educación, García Naranjo resaltó que el control de calidad de los alimentos que entrega el Pronaa a los 26.886 comités de alimentación escolar que existen en el país es riguroso. Sin embargo, expresó su malestar con el Ministerio de Economía ya que desde el 2007 el monto destinado a la capacitación de madres y maestros se ha reducido al punto que cada comité solo recibe 132 soles anuales cuando el Pronaa solicita 720.
En la accidentada reunión varios legisladores solicitaron que Aída García Naranjo asumiera su responsabilidad política por la muerte de los tres niños cajamarquinos, incluso el congresista de Fuerza 2011, Reber Ramírez fue más allá y pidió la renuncia de la ministra.
PRECISIONES
A través de un comunicado, la ministra García Naranjo ofreció disculpas por haber bailado con el ex futbolista José Luis ‘Puma’ Carranza en un evento del Inabif en medio del duelo por la muerte de los tres escolares. La titular del Mimdes explicó que no quiso desairar la invitación y lamentó que coincidiera con los hechos de Cajamarca.
Alberto Tejada y Patricia Salas, ministros de Salud y Educación respectivamente, deslindaron las responsabilidades de sus sectores al remarcar que las escuelas y los centros de salud están en manos de los gobiernos regionales.
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