Drogas: resistencia a examinar el fracaso

Autor: Santiago Pedraglio
PERU 21

En días recientes se armó un alboroto porque el nuevo jefe de Devida, Ricardo Soberón, mandó suspender temporalmente la erradicación de cultivos de coca. La explicación fue la necesidad de redefinir esta política para buscar una mayor eficacia, puesto que los resultados no han sido positivos.

No ha sido durante el gobierno del presidente Ollanta Humala, que recién se inicia, sino durante el de su predecesor, Alan García, cuando el país se convirtió en el principal exportador mundial de cocaína.

Las exportaciones nacionales de clorhidrato de cocaína superan las de Colombia, a pesar de que el número de hectáreas sembradas es menor. Simultáneamente, a pesar de la erradicación compulsiva que se puso en marcha, el número de hectáreas de cultivo en el Perú se mantiene estable o aumenta.

La erradicación es parte de toda política antinarcóticos, pero cabe preguntarse de cuándo acá es la piedra angular; y sobre todo, por qué tanta resistencia a evaluar medidas que están fracasando en el Perú y en toda la región.

Para citar otro dato concreto, acá se decomisa menos del 10% de toda la producción de clorhidrato de cocaína; además, los esfuerzos por controlar el ingreso de insumos para producir esta droga tienen magros resultados, igual que las medidas contra el lavado de dinero y la eficacia judicial para sancionar a los grupos de narcotraficantes medianos o grandes instalados en el país.

Entonces, ¿por qué no atreverse a discutir y replantear una política que carece de los efectos buscados? Erradicar es siempre golpear el lado más débil –y más a la mano– de la cadena; y habrá que seguir haciéndolo, con la precisión y selectividad del caso. Pero más allá de eso: ¿por qué no intervenir donde está el gran valor agregado del negocio?; esto es, en el comercio de los insumos, en la elaboración de la cocaína, en la distribución nacional e internacional y en el ingreso del dinero ilícito a sectores productivos. Un excelente trabajo de Manuel Estela, que informa con toda claridad sobre este último aspecto (“Un enfoque de mercado. Radiografía del narcotráfico en el Perú”, 2008), menciona la minería, la pesquería, el transporte, las casas de juego y la construcción.

Promover acuerdos nacionales y multilaterales, y preocuparse por minimizar el efecto del narcotráfico, no puede subordinarse a los intereses de Estados Unidos por unos vergonzosos 37 millones anuales de dólares de apoyo, que muy bien el Estado peruano puede y debe cubrir directamente. Así se evitarían condicionamientos que no conducen a éxitos sostenibles y, sin querer queriendo, liberan de responsabilidades al país del norte